EUA acusa a dos mexicanos por sobornos a funcionarios de Pemex
Los sobornos habrían sido para que se tomaran medidas y ayudar a las empresas asociadas con uno de los acusados para obtener y retener negocios con la petrolera
- Por: Emiliano Gutiérrez
- 11 Agosto 2025, 18:42
Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) reveló que se imputó a dos empresarios mexicanos después de haber participado en un presunto esquema de sobornos para retener y obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP).
De acuerdo con la información revelada por parte del DOJ, los hombres fueron identificados como Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, quienes habrían conspirado para pagar $150,000 dólares en sobornos a los funcionarios.
Ambos enfrentan un cargo de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos por violaciones sustanciales de la FCPA.
Según los documentos judiciales presentados, entre los años 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y otros cómplices habrían ofrecido pagar y habrían pagado sobornos en forma de artículos de lujo, algunos de ellos en productos de marcas como Louis Vuitton y Hublot, además de pagos en efectivo y otros artículos de valor a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP.
Dichos sobornos habrían sido para que se tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con la petrolera mexicana.
Los sobornos ayudaron a estas empresas a obtener contratos con Pemex y PEP por cerca de $2,5 millones de dólares.
De acuerdo con la DOJ, ambos acusados residían legalmente en Texas.
Rovirosa fue procesado este lunes, mientras que Ávila se encuentra prófugo.
El fiscal de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Matthew R. Galeotti, dijo a través de un comunicado que esta acusación “debe enviar” un mensaje claro de que la justicia del país "no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo".
En caso de ser hallados culpables, cada uno sería condenado a un máximo de cinco años de cárcel por cada cargo.
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