Inmobiliaria de Cancún, acusada por presunto fraude millonario

Los fraudes inmobiliarios en México continúan acumulando denuncias y uno de los casos más recientes se registra en Cancún, Quintana Roo, donde la empresa Inmobiliaria Kritarq S.A.P.I. de C.V. y sus accionistas enfrentan señalamientos por presuntos engaños en perjuicio de decenas de compradores.

De acuerdo con información relacionada con el caso, la Fiscalía General de Quintana Roo estaría próxima a ejecutar acciones penales contra Steve Santander Reyes, Georgina Margarita Lomelí Palomino, Wendy Nayeli Mendoza Bernardo e Ismael Nava Mellado, quienes aparecen como nuevos propietarios de la desarrolladora y posibles responsables de un presunto fraude millonario.

Los afectados sostienen que realizaron pagos por departamentos del proyecto Condominio Árvore, ubicado sobre la avenida Huayacán, al noreste del Aeropuerto Internacional de Cancún, con la promesa de recibir sus inmuebles durante 2025.

Sin embargo, aseguran que la construcción permanece prácticamente inexistente y que el desarrollo ni siquiera cuenta con cimientos terminados.

Más de 40 compradores denuncian incumplimientos

Al menos 40 personas firmaron contratos de promesa de compraventa para adquirir departamentos con valores cercanos a los cuatro millones de pesos, dentro de un complejo proyectado para albergar 50 unidades habitacionales.

Los denunciantes afirman haber cumplido con los pagos estipulados en los contratos, pero hasta el momento no han recibido sus propiedades ni una explicación formal por parte de la inmobiliaria.

Asimismo, señalan que los representantes de Kritarq dejaron de responder llamadas y evitaron cualquier contacto con los inversionistas conforme avanzó el retraso en la obra.

Señalan a Steve Santander Reyes e Ismael Nava Mellado

De acuerdo con las versiones de los afectados, Steve Santander Reyes sería el principal responsable de promover el desarrollo inmobiliario, mientras que Ismael Nava Mellado, en su calidad de representante legal, suscribió los contratos de promesa de compraventa con los clientes.

La mayoría de los acuerdos fueron celebrados entre 2023 y 2024, periodo en el que Nava Mellado figuró como apoderado legal de la empresa para formalizar las operaciones.

Los compradores sostienen que, ante los reclamos por los retrasos, recibieron respuestas evasivas, promesas de regularización e incluso presuntas intimidaciones por insistir en recuperar sus inversiones.

También aseguran que los responsables se comprometieron a firmar contratos definitivos una vez concluida la obra, situación que nunca ocurrió.

El proyecto no contaba con cimientos

Uno de los principales señalamientos de los afectados es que, al momento de firmar los contratos, el desarrollo inmobiliario no presentaba avances significativos de construcción.

Además, denuncian que los documentos incluían una cláusula que facultaba unilateralmente a la inmobiliaria para ampliar hasta seis meses la fecha de escrituración sin necesidad de autorización expresa de los compradores.

Incluso después de agotado ese periodo adicional, los trabajos continúan sin concluir y, según los denunciantes, el complejo no presenta avances relevantes.

Víctimas denuncian cambios constantes de domicilio

Las personas afectadas también afirman que la empresa modificó su domicilio social en al menos tres ocasiones sin informar a sus acreedores, dificultando cualquier intento de localización.

Según los testimonios, cuando las autoridades o los propios compradores han intentado contactar a los responsables, estos ya no se encuentran en los domicilios registrados.

Los denunciantes sostienen que la inmobiliaria continúa promoviendo el desarrollo entre nuevos clientes, mientras ellos siguen sin recuperar los recursos invertidos.

La última comunicación que algunos compradores recibieron ocurrió en septiembre de 2025, cuando una persona que se identificó como secretaria de la empresa únicamente se limitó a recibir mensajes y negar reuniones con los representantes de la desarrolladora.