Jueces exigen replantear la elección judicial

La elección judicial enfrenta tres escenarios que exhiben la necesidad urgente de modificarse y posponerla. El primero de ellos es la propuesta de Presidencia para mover la jornada de 2027 al domingo 4 de junio de 2028 y corregir boletas, filtros y candidaturas; la urgencia del INE, que necesita una definición para no preparar a ciegas una elección masiva, costosa y operativamente riesgosa; y el rechazo de los jueces y magistrados federales, que advirtieron que el aplazamiento no resuelve la crisis del sistema de justicia, sino que confirma el fracaso operativo del modelo y abre una nueva zona de incertidumbre constitucional.

El debate ya no gira únicamente alrededor de una fecha. Desde la trinchera del gobierno federal, la propuesta para aplazar la elección judicial también reduce candidaturas, modifica filtros de selección, simplifica boletas, adelanta tiempos de evaluación, crea una comisión para homologar criterios e incluye reglas para que los representantes de partidos no intervengan en la votación de jueces y magistrados. En los hechos, el paquete reconoce que la elección judicial, tal como fue diseñada, necesita correcciones antes de volver a las urnas.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito fue más allá, mejor conocida como JUFED, en un comunicado sostuvo que aplazar la elección judicial a 2028 no resuelve la crisis de legitimidad ni el colapso logístico, sino que prolonga la agonía de un sistema de justicia bajo asedio. Para la organización, mover la elección un año equivale a posponer un error sistémico sin atender sus causas de fondo.

La JUFED calificó la reducción de candidaturas y la simplificación de boletas como medidas insuficientes frente al riesgo de contaminación partidista y frente a la falta de garantías sobre el perfil técnico de quienes podrían llegar a los cargos judiciales. También cuestionó la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación, al considerar que esa medida confirma que los comités de evaluación de 2025 carecieron de la metodología técnica necesaria para asegurar perfiles de excelencia.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya puso sobre la mesa que realizar juntas las elecciones de 2027 podría llevar el costo total a casi 21 mil millones de pesos. De ese monto, entre ocho mil y ocho mil 500 millones corresponderían a la elección judicial. Si se separa y se traslada a 2028, el gasto específico bajaría a unos seis mil millones, con un ahorro cercano a dos mil millones.

Pero el dinero es solo una parte del problema. El INE tendría que organizar, en una misma jornada, una elección política saturada y una elección judicial con reglas distintas. En 2027 no solo estarían en juego jueces y magistrados. También se renovarían 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y miles de candidaturas partidistas.

La autoridad electoral tendría que operar boletas, capacitación, casillas, bodegas, cómputos, conteos rápidos y resultados preliminares diferenciados. Además, se ha advertido que 11 estados tendrían elección judicial parcial y 13 renovarían la totalidad de sus cargos judiciales, lo que llevaría la operación a una estimación de 354 mil puntos de votación.

Ese es el choque de fondo. Una elección política funciona con campañas, coaliciones, propaganda, estructuras territoriales y voto partidista. Una elección judicial requiere información técnica, comparación de trayectorias, especialidades, experiencia y capacidad para juzgar. Si ambas se mezclan, la elección de jueces corre el riesgo de quedar sepultada por la maquinaria electoral tradicional.

De ahí que el reclamo de no contaminar con partidos la elección judicial haya cobrado fuerza. La propia propuesta establece que las elecciones judiciales y ordinarias podrían realizarse en la misma ubicación, pero con la garantía de que los representantes de partidos no intervengan en la votación judicial. Esa previsión, sin embargo, también confirma el riesgo. Si hace falta blindar la elección de jueces frente a los partidos, es porque el modelo puede quedar expuesto a la operación política que naturalmente rodea una elección ordinaria.

La propuesta de Presidencia plantea que la elección judicial federal y local pase al 4 de junio de 2028. En esa jornada se renovarían cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 juzgados de Distrito y, en los poderes judiciales locales, 424 magistraturas y 2 mil 831 juzgados de 25 estados.

Después de 2028, las elecciones judiciales posteriores seguirían siendo concurrentes con procesos ordinarios en 2030, 2033, 2036 y los años que correspondan para renovar vacantes. Ese punto mantiene abierta una tensión importante: se separa la elección de 2027 por el riesgo de saturación, pero no se abandona la idea de empalmar en el futuro elecciones judiciales con procesos ordinarios.

Uno de los cambios centrales del paquete es la creación de una Comisión Coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación de los comités de los tres poderes. Esa comisión estaría integrada por una persona designada por cada comité y tendría dos tareas principales: verificar los requisitos formales de elegibilidad de todos los aspirantes y establecer criterios unificados de evaluación y selección, incluido un examen de conocimientos.

El ajuste toca uno de los puntos más cuestionados del modelo. Si ahora se plantea revisar requisitos, aplicar examen y unificar criterios, es porque la selección de aspirantes necesita controles más claros. La elección judicial no solo requiere urnas. Requiere que las personas que lleguen a la boleta hayan pasado por filtros capaces de acreditar conocimiento, experiencia, trayectoria y aptitud para juzgar.

La reducción de candidaturas va en la misma línea. Los comités evaluarían conocimientos, competencias, antecedentes y buena fama pública de los aspirantes. Después seleccionarían a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y se realizaría una insaculación pública para dejar dos candidaturas por cargo y especialidad, con paridad de género.

Con ese cambio, la Suprema Corte pasaría de 81 a 54 candidaturas. El Tribunal de Disciplina Judicial bajaría de 45 a 30. El Tribunal Electoral pasaría de 63 a 42. La reducción puede hacer menos pesada la boleta, pero no resuelve por sí sola el problema de legitimidad. Menos nombres no significan automáticamente mejores perfiles ni una ciudadanía mejor informada.

La JUFED señaló precisamente ese punto. Para la asociación, la reducción de candidaturas y la simplificación de boletas no eliminan la fatiga del elector ni el riesgo de que la elección judicial quede atrapada en la dinámica de los partidos políticos durante procesos ordinarios. La organización también advirtió que esta “reforma a la reforma” puede incrementar la litigiosidad y la falta de certeza para la ciudadanía que busca justicia.

Otro ajuste apunta a la boleta. Cada elector votaría por un juez y un magistrado para cada especialidad, entre candidaturas de los tres poderes. Las boletas distinguirían qué candidaturas postula cada poder e incluirían a magistrados y jueces en funciones que busquen reelegirse. Para ello, el INE tendría que dividir el territorio en los distritos judiciales necesarios.

La intención es reducir la carga para el votante. Pero también confirma que el diseño anterior podía colocar al ciudadano frente a una boleta difícil de procesar. Una elección judicial exige saber qué cargo se elige, qué hace ese cargo, qué especialidad está en juego, quién propone a cada aspirante y cuál es su trayectoria. En una jornada dominada por gubernaturas, alcaldías, diputaciones y congresos locales, esa información difícilmente podría competir contra la propaganda partidista.

La JUFED pidió que, si existe una segunda ronda de elección, no se realice de forma masiva, sino que se limite estrictamente a vacantes reales generadas por renuncia, jubilación o fallecimiento. También propuso que las personas cesadas en 2025 que deseen volver a competir por cargos de juezas, jueces, magistradas o magistrados sean consideradas con reglas diferenciadas, porque ya ocuparon esos cargos.

La organización advirtió que obligar al cese masivo de juzgadores en activo solo para cumplir un calendario político vulnera la profesionalización de la justicia. También señaló que hay personas juzgadoras que esperaban concluir su ciclo profesional en 2027 y que el aplazamiento a 2028 altera sus planes de retiro. Según la asociación, el hostigamiento administrativo ha llegado al extremo de forzar renuncias de integrantes del Poder Judicial que prefieren retirarse antes que seguir bajo presión institucional.

En ese punto, el debate deja de ser solo electoral. También entra al terreno laboral, institucional y humano dentro del Poder Judicial. La JUFED exigió permitir la salida voluntaria de quienes así lo decidan y garantizar de inmediato el pago de sus prestaciones. Sostuvo que no es ético ni legal retener por la fuerza a profesionales mediante acoso ni usar el calendario electoral como moneda de cambio para violentar derechos.

La propuesta de Presidencia también incorpora capacitación permanente obligatoria para jueces y magistrados. El Tribunal de Disciplina, en coordinación con la Escuela Judicial, implementaría programas de actualización para todas las personas juzgadoras. La ley tendría que definir criterios, metodologías, plazos y reglas aplicables para esas evaluaciones.

La JUFED respondió que el Poder Judicial de la Federación ya contaba con uno de los sistemas de formación y carrera judicial más robustos de Iberoamérica, pero que fue desmantelado por la propia reforma. Consideró contradictorio imponer programas de capacitación a personas con décadas de experiencia jurisdiccional, mientras se permite que perfiles sin carrera judicial puedan llegar a una boleta mediante voto popular.

La asociación planteó que la capacitación y los exámenes deben aplicarse especialmente a quienes no cuentan con carrera judicial antes de ser seleccionados para aparecer en una boleta. También cuestionó que se pretendan gastar miles de millones de pesos en una elección en 2028, cuando esos recursos podrían destinarse a crear juzgados, mejorar la defensoría pública, fortalecer la infraestructura judicial y reducir el rezago que afecta a millones de personas.

En los poderes judiciales locales, el paquete plantea que las elecciones estatales repliquen las reglas federales en bases, etapas, procedimientos, términos, plazos, modalidades, requisitos y duración de cargos. También se exigirían comités de evaluación con criterios y metodologías unificadas, insaculación obligatoria, reducción de candidaturas, evaluación del desempeño durante el primer año y capacitación permanente por parte del Tribunal de Disciplina local.

Ese intento de homologación busca evitar que cada estado construya su propia elección judicial con reglas dispares. Pero también amplía el alcance de una reforma que sigue cuestionada por su operación, por sus costos, por sus efectos sobre la carrera judicial y por la posibilidad de llevar a las urnas perfiles sin experiencia suficiente.

En la Suprema Corte se plantea crear dos secciones para desahogar asuntos menores y permitir que el Pleno concentre mejor sus trabajos. Además, la elección judicial de 2028 podría coincidir con una eventual revocación de mandato, si se solicita conforme al artículo 35 constitucional.

Ese último punto mantiene abierta otra posible zona de tensión. La elección judicial se movería para evitar el choque con la saturación electoral de 2027, pero podría coincidir en 2028 con una eventual revocación de mandato, una consulta de alto impacto político. Para una elección que busca blindarse de la lógica partidista, esa posibilidad no es menor.

La decisión queda ahora en el Congreso. Si no hay reforma, el INE tendría que preparar la elección conforme al calendario vigente. Si se mueve a 2028, el cambio tendría que pasar por una reforma constitucional y por los congresos estatales.

La urgencia del INE no es discursiva, es operativa. La autoridad electoral necesita saber si organizará una elección judicial en 2027 bajo las reglas actuales o si deberá rehacer la ruta con un nuevo calendario, nuevas boletas, nuevos filtros y nuevas reglas de separación frente a los partidos.

La ruta queda ahora en manos de la Cámara de Diputados. La iniciativa de reforma constitucional deberá entrar primero por San Lázaro, pero su avance dependerá de que se convoque a un periodo extraordinario para procesarla a tiempo. Si no se abre esa ventana legislativa, el INE tendría que seguir preparando la elección judicial conforme al calendario vigente, mientras el aplazamiento a 2028 quedaría atorado en la negociación política.