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SCJN ampara a pueblos mayas por omisiones ante glifosato en agua
La Corte ordenó a autoridades investigar la presencia de plaguicidas en fuentes de agua de Hopelchén, mantener monitoreos y garantizar el acceso a agua salubre
Por Salvador Maceda | 26 Agosto 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, al determinar que autoridades federales, estatales y municipales fueron omisas ante los indicios de presencia de glifosato y otros plaguicidas en fuentes de agua de la región.
Por unanimidad de los ocho ministros presentes, la Corte revocó una sentencia de junio de 2024 que había negado la protección a las comunidades por considerar insuficientes las pruebas para acreditar la contaminación de los acuíferos. El máximo tribunal determinó que los elementos aportados sí permiten advertir de manera indiciaria la presencia de glifosato en pozos de siete comunidades, así como en agua purificada y muestras de orina de habitantes.
La sentencia establece que Semarnat, Conagua y las autoridades ambientales de Campeche deberán realizar estudios sobre la calidad del agua, establecer monitoreos sistemáticos y permanentes e integrar información sobre los cuerpos de agua de Hopelchén. Cofepris, por su parte, deberá reforzar la vigilancia sanitaria sobre plaguicidas y fertilizantes, particularmente en lo relacionado con el glifosato.
Los ministros señalaron que no corresponde a las comunidades demostrar por sí mismas el nivel de contaminación de sus fuentes de agua. Bajo los principios precautorio e in dubio pro natura, la Corte determinó que corresponde al Estado investigar y actuar ante un posible riesgo ambiental y sanitario. El Ayuntamiento de Hopelchén también deberá participar en las medidas para garantizar agua suficiente y salubre.
La Corte reconoció además que el problema debe abordarse desde una perspectiva intercultural, debido a que para las comunidades mayas los acuíferos tienen un significado que va más allá del abastecimiento y están vinculados con su territorio, vida comunitaria y continuidad cultural. Aunque el fallo fue aprobado por unanimidad, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Sara Irene Herrerías Guerra cuestionaron que sus alcances fueran limitados y plantearon medidas adicionales relacionadas con la regulación de plaguicidas y la atención médica de habitantes posiblemente afectados.