Se congela reforma contra abusos de aseguradoras

Miles de familias que pagan un seguro médico privado seguirán expuestas a aumentos impagables, cancelaciones y pérdida de antigüedad, luego de que la Cámara de Diputados no sacara adelante la reforma que buscaba frenar abusos de aseguradoras, hospitales y cobros derivados de la atención de salud.

El dictamen no fue votado, no avanzó al Pleno y quedó detenido en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La reunión de esa comisión estaba citada para este martes, pero fue cancelada después de que Ricardo Monreal informó que los cambios en materia de seguros de gastos médicos, buró de crédito y reforma judicial quedarían pendientes para un eventual periodo extraordinario o hasta el periodo ordinario que inicia en septiembre.

La reforma no fue desechada, pero quedó congelada.

El proyecto no está formalmente muerto. El punto central es que quedó atorado en etapa de dictamen, cuando ya existían proyectos distribuidos para su discusión y cuando el periodo ordinario está por concluir el jueves 30 de abril.

La ruta que se había planteado apuntaba a que pudiera discutirse este miércoles 29 de abril de 2026, en una carrera contra el reloj. Sin embargo, la pausa legislativa frenó el avance antes de que la reforma, presentada por el diputado priista Jericó Abramo Masso, pudiera pasar por comisión, llegar al Pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de aprobarse, enviarse al Senado.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, informó que el debate se pospuso porque llegaron propuestas adicionales de legisladores y múltiples solicitudes de sectores económicos, por lo que se abrió un nuevo plazo para revisar los proyectos.

Presiones del sector asegurador y observaciones de Hacienda

El freno llegó por dos vías. La primera fue el cabildeo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. La segunda fueron observaciones de la Secretaría de Hacienda.

La información legislativa señala que ambos factores obligaron a la Cámara de Diputados a congelar las reformas que buscaban poner límites a abusos en pólizas y servicios médicos.

También hubo un señalamiento político desde el PAN. El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que Hacienda podría intentar detener el proyecto porque los cambios afectarían la recaudación del gobierno federal. Esa advertencia corresponde al posicionamiento del legislador y no a una postura formal de la Secretaría de Hacienda.

¿Qué buscaba cambiar la iniciativa?

La reforma apuntaba a uno de los golpes más sensibles para quienes pagan salud privada. Los aumentos de primas que se vuelven impagables, sobre todo cuando los usuarios llegan a los 60 años.

El planteamiento legislativo partía de casos en los que las primas suben de 30 a 60 por ciento anual, e incluso hasta 100 por ciento, lo que termina expulsando a muchos asegurados justo cuando más necesitan la cobertura.

Las iniciativas integradas buscaban limitar los incrementos de primas a partir de los 60 años, prohibir cancelaciones unilaterales para adultos mayores salvo fraude o falta de pago, incentivar programas preventivos y garantizar la portabilidad de la antigüedad y de los periodos de espera.

También se señaló una omisión relevante. El dictamen no integraba de manera expresa criterios recientes de la Suprema Corte sobre no discriminación en seguros de salud, accesibilidad y ajustes razonables, especialmente en casos de discapacidad.

El golpe directo a las familias

El impacto social de la pausa es inmediato. Miles de familias ya comenzaron a recibir avisos de renovación con incrementos que, en muchos casos, hacen imposible conservar la cobertura médica privada.

El problema no se limita a una disputa entre aseguradoras, Hacienda y legisladores. La reforma quedó atorada mientras usuarios enfrentan aumentos, cancelaciones y riesgos de perder antigüedad médica.

El contraste es claro. Mientras el Congreso abrió más tiempo para revisar el impacto de la reforma con Hacienda y sectores económicos, los asegurados siguen expuestos a primas más altas y a obstáculos para mantener su atención privada.

Primas, hospitales y cobros opacos

La iniciativa también buscaba entrar a un terreno que golpea el bolsillo de las familias cuando una enfermedad obliga a acudir al sector privado. Deducibles y coaseguros poco claros, aumentos anuales por encima de la inflación, cuentas hospitalarias difíciles de revisar y cobros de medicamentos e insumos con sobreprecios.

El diagnóstico que acompaña la reforma advierte que algunos hospitales llegan a disparar insumos básicos hasta 10, 20 y 30 veces su valor comercial.

También señala casos extremos de pacientes o incluso cadáveres retenidos como garantía de pago, práctica que el paquete busca cerrar con cambios al Código Penal Federal.

El tamaño del problema

En México, apenas entre 13 y 14.321 millones de personas cuentan con seguro de gastos médicos, mientras cuatro aseguradoras concentran el 75 por ciento de las primas.

El gasto de bolsillo en salud alcanza el 41 por ciento, una carga que deja a las familias frente a pagos directos elevados cuando enfrentan una enfermedad.

A esto se suman 3 mil 268 acciones de defensa reportadas por Condusef durante el primer semestre de 2024, con un aumento de 8.4 por ciento, principalmente por negativas de pago e inconformidades con los montos indemnizados.

La presión también viene por la inflación médica. Los análisis vinculados con la reforma estiman una inflación de 13.3 por ciento para 2024 y de 14.9 por ciento para 2025, niveles que explican parte del encarecimiento de los seguros, pero que también abren la discusión sobre la falta de controles, transparencia y equilibrio para los usuarios.

Cuatro leyes en una misma ruta

El paquete no modificaba una sola norma. La reforma al artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas buscaba imponer nuevas obligaciones a aseguradoras.

La adición del artículo 162 bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro pretendía ordenar la relación con médicos fuera de red y evitar diferencias abusivas.

También se proponía modificar la Ley General de Salud para obligar a transparentar precios hospitalarios.

Además, la reforma al Código Penal Federal buscaba reforzar la prohibición de retener pacientes o restos mortales por falta de pago.

El trámite legislativo que todavía debe cumplir

La iniciativa ya pasó por presentación formal, publicaciones en la Gaceta Parlamentaria y un foro de parlamento abierto con pacientes, médicos, aseguradoras y representantes de hospitales privados.

El proceso arrancó con publicaciones oficiales en febrero de 2025 y tomó forma con ajustes técnicos posteriores, entre ellos el documento de reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas fechado el 7 de octubre de 2025.

El paso pendiente está en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Ahí debe discutirse y votarse el dictamen. Si se aprueba en comisión, tendría que pasar al Pleno de la Cámara de Diputados. Si obtiene luz verde, entonces sería enviado al Senado.

Hasta cuándo podría retomarse

La reforma tiene dos caminos. El primero es que se convoque a un periodo extraordinario para sacarla junto con otros pendientes. El segundo es que se vaya hasta septiembre, cuando inicia el siguiente periodo ordinario.

Monreal colocó la iniciativa dentro de la agenda pendiente junto con inteligencia artificial, reforma judicial, seguros y fianzas y buró de crédito.

El riesgo político es que, al entrar a tiempos electorales, construir acuerdos se vuelva más difícil. Monreal reconoció que cuando se acercan elecciones, diputados y partidos se concentran más en territorio para respaldar procesos de renovación de Cámara de Diputados, presidencias municipales o gubernaturas.