Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
Empresarios denuncian engaños en inversiones y venta de derechos litigiosos; procesos avanzan en tribunales estatales y federales
- Por: Julieta Guevara
- 10 Junio 2026, 05:00
El ejemplo de vida que el sampetrino Raúl Martínez Loera le dio a su hijo, Bernardo Miguel Martínez García, no parece haber sido del todo gratificante, ya que ambos han sido acusados de fraude.
Padre e hijo enfrentan acusaciones penales por este delito por parte de dos ciudadanos de ese municipio, quienes los demandaron por haberles sacado millones de pesos en transacciones que resultaron ser una farsa.
Martínez Loera es directivo de la empresa “Productos y Representaciones Administrativas”, y su hijo, Martínez García, es dueño de la empresa “Comerimber SA de CV”, en la que su padre también es accionista.
En el caso de Martínez Loera, así como sus socios, Gamaliel León Barrueta y el polémico abogado Ulises Treviño García, ya fueron vinculados a proceso por el delito de fraude por parte de un juez penal del estado.
En lo correspondiente a Martínez García, se está en proceso de llegar a esa etapa y la parte ofendida tiene expectativas de que eso suceda, pues señala que hay suficientes elementos para que se le juzgue por ese delito.
Aunque se trata de dos casos diferentes de fraude cometidos, presuntamente, por empresas diferentes, los afectados sospechan que existe sintonía entre padre e hijo y sostienen que otras personas se les han acercado para hacerles saber de hechos similares.
El empresario Rogelio Adrián Elizondo Olivares, propietario de la compañía Dekora Dekkra, denunció a Martínez Loera, León Barrueta y Treviño García, ya que el 22 de noviembre de 2018 le vendieron “derechos litigiosos” de una vivienda ubicada en la colonia Colinas de San Jerónimo por un monto de $2 millones 190,000 pesos.
De acuerdo con el afectado, se le informó que la vivienda estaba embargada, por lo que podría seguir el litigio y eventualmente adjudicarse el inmueble a cambio de dicha cantidad.
Sin embargo, en octubre de 2020, al percatarse de que el proceso no avanzaba, acudió al Registro Público de la Propiedad, donde comprobó que la vivienda no tenía gravámenes, ya que estos habían sido cancelados 16 años antes de la transacción, es decir, en septiembre de 2002.
En entrevista con El Horizonte, Elizondo Olivares afirmó que Martínez Loera, su socio y el abogado conocían esta situación y, aun así, le vendieron los “derechos litigiosos”, lo que le provocó un daño patrimonial.
“Yo fui víctima de un fraude y por eso la denuncia se hizo formalmente en 2020. Fue por un derecho litigioso que supuestamente tenía un embargo".
"Al darme cuenta de esto, vi que el abogado (Ulises Treviño) no respondía ni llevaba el caso. Entonces acudí con otro abogado, quien me ayudó a descubrir el fraude e interponer la denuncia contra esta inmobiliaria (Productos y Representaciones Administrativas)”, indicó.
En el caso del hijo, otro sampetrino, quien por ahora prefirió reservar su identidad, señaló que, a través de la empresa Comerimber SA de CV, Bernardo Miguel Martínez García le ofreció invertir en un negocio de importación y comercialización de mezclilla.
Indicó que, de buena fe, en 2016 le transfirió $130,000 dólares, que al tipo de cambio actual equivalen a aproximadamente $2,340,000 pesos.
Según el denunciante, Martínez García es administrador único de la empresa, mientras que su padre, Raúl Martínez Loera, figura como socio con el 1% de las acciones.
"Él me planteó invertir en el negocio de la mezclilla, pero después, sin mi consentimiento, destinaron el dinero a un proyecto de gas. Luego argumentaron que fueron engañados y que el dinero se había perdido. Posteriormente, me enteré de que prestaron y arriesgaron mi dinero. Es una historia de terror”, relató.
Larga lucha legal
Ambos afectados señalan que han enfrentado un proceso legal prolongado y desgastante debido a diversos obstáculos en el ámbito estatal.
Aseguran que los acusados presumen tener relaciones e influencias en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encabezada por Javier Flores Saldívar.
En el caso de Elizondo Olivares, explicó que interpuso su denuncia desde 2020; sin embargo, se decretaron varios inejercicios de la acción penal, por lo que recurrió a la justicia federal.
Gracias a un amparo otorgado por un juez federal, logró que la Fiscalía de Nuevo León presentara cargos contra Martínez Loera, quien fue vinculado a proceso el 27 de octubre del año pasado.
"Uno de los aspectos más relevantes de este caso es el recorrido que tuvo el expediente en instancias estatales. Solo mediante la vía federal, a través de un juicio de amparo, un tribunal ordenó revisar el caso y continuar el proceso penal contra los imputados".
“A lo largo de este tiempo, múltiples audiencias fueron diferidas, lo que prolongó un procedimiento desgastante para las partes afectadas".
“La demora no solo impactó a la empresa denunciante, sino también a las familias de los trabajadores que dependían de ella y que resintieron las consecuencias económicas del presunto fraude”, indicó Elizondo.
En el otro caso, el afectado asegura que enfrenta una situación similar, ya que aún se encuentra en proceso de lograr la vinculación a proceso, pese a haber presentado la denuncia hace varios años.
Abogado polémico
El abogado Ulises Treviño García, quien participó en la venta de los derechos litigiosos en perjuicio de Elizondo Olivares, también ha estado involucrado en otros casos.
Fue detenido en enero de 2019, acusado de presunta extorsión contra el restaurante El Gran Pastor, en San Pedro; sin embargo, el caso fue desechado posteriormente.
Su más reciente aparición pública ocurrió cuando se deslindó de una de las implicadas en el caso conocido como “Tía Paty”, a quien representaba, y aseguró haber recibido amenazas tras abandonar la defensa.
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