Ley Ingrid: en qué consiste y por qué es importante
Grecia Benavides, diputada local de Morena, reingresó esta iniciativa y permite que el tema pueda ser discutido y resuelto por el Congreso
- Por: María Fernanda Colunga
- 19 Febrero 2026, 07:42
Grecia Benavides, diputada local de Morena, reingresó la iniciativa conocida como “Ley Ingrid” con el objetivo de que el Congreso del Estado emita una determinación sobre la responsabilidad de autoridades que difundan evidencias de investigaciones penales.
La propuesta plantea adicionar una fracción al artículo 224 del Código Penal estatal para establecer como delito la difusión de imágenes, audios, videos o información que se encuentre bajo custodia institucional dentro de una carpeta de investigación.
¿Qué sanciones contempla la “Ley Ingrid”?
De acuerdo con el planteamiento, las sanciones irían de seis meses a seis años de prisión para quien incurra en la difusión indebida de material relacionado con procesos penales.
En caso de que la información esté vinculada con un feminicidio, la pena se incrementaría hasta en una mitad, con el fin de reforzar la protección a las víctimas y sus familias.
Benavides indicó que el reingreso de la iniciativa permite que el tema pueda ser discutido y resuelto por el Congreso dentro del procedimiento legislativo vigente.
Buscan evitar la revictimización
La legisladora señaló que la propuesta tiene como finalidad evitar que la exposición de material contenido en investigaciones vuelva a generar afectaciones a personas cercanas a las víctimas.
“La lucha para erradicar la violencia también es responsabilidad de los funcionarios, y debe quedar claro que no se debe revictimizar a nadie filtrando evidencias del proceso de investigación”.
Explicó que la difusión de imágenes o información sensible puede profundizar el daño hacia las familias.
“Todas las personas tenemos familia. Es muy lamentable que se revictimice y se vuelva a usar la imagen de alguien cuando ya fue víctima”.
Responsabilidad de autoridades en la custodia de información
La diputada añadió que esta práctica no sólo afecta a las familias, sino que la obligación de evitar ese daño corresponde a la propia autoridad durante la investigación.
“Estamos hablando de la dignidad de las personas y de garantizar que los servidores públicos que procuran justicia también tengan la responsabilidad de no revictimizar a ninguna persona”.
Precisó que la regulación no limita la labor periodística ni la libertad de expresión, ya que establece responsabilidades únicamente para quienes tienen la custodia legal de la información.
“Esto no es una falta de los medios de comunicación; es de quien procura la justicia”.
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