Lleva Arratia ante Suprema Corte multas de transparencia

El municipio de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia Cruz, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la legalidad de diversas multas y requerimientos emitidos por el Instituto Estatal de Transparencia (INFONL).

La acción legal surge tras la reforma constitucional federal de diciembre de 2024 y la Ley General de marzo de 2025, que ordenaron la extinción y reestructuración de los organismos garantes, proceso que, según el munícipe, el Congreso de Nuevo León no ha armonizado debidamente, generando un escenario de incertidumbre jurídica.

Arratia sostuvo que las sanciones impuestas por el organismo estatal carecen de sustento actualizado y vulneran la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 constitucional.

“En Juárez no estamos en contra de la transparencia; estamos a favor de que se aplique con legalidad, certeza y sin sesgos. La ley debe ser clara para todos y no puede prestarse a interpretaciones que vulneren la autonomía municipal”, expresó el alcalde.

El ayuntamiento argumenta que, aunque las multas fueron dirigidas formalmente a una funcionaria, el impacto económico recae en la hacienda pública local, comprometiendo recursos que deberían ser prioritarios para la ciudadanía.

El alcalde planteó que el funcionamiento del organismo estatal debe ser revisado a fondo, sugiriendo que los recursos destinados a sostener dicha estructura o al pago de sanciones administrativas tendrían un mejor uso en obra pública.

“Juárez necesita inversiones que transformen la vida de nuestra gente. Cada peso debe traducirse en obras y servicios, no en burocracia excesiva. Si esos recursos se destinaran, por ejemplo, a la construcción de un nuevo hospital para nuestras familias, el impacto sería inmediato y tangible”, subrayó.

De acuerdo con las autoridades municipales, la resolución de la Suprema Corte sentará un precedente relevante no solo para Juárez, sino para todos los municipios del país, al definir los límites de actuación de los órganos garantes locales frente a las administraciones municipales tras la reciente reforma nacional en la materia.