Políticos de NL tienen agua ‘gratis’ con títulos agrícolas

En Nuevo León, empresarios y políticos encumbrados tienen permiso para consumir al año, casi gratis, millones de metros cúbicos de agua, ya que la obtienen bajo concesiones agrícolas o pecuarias.

A diferencia de otros usos que sí tienen costo por metro cúbico, como el industrial, comercial o público-urbano, las concesiones agrícolas no lo tienen porque, en teoría, son para la producción de alimentos.

Concesiones sin costo por consumo

En estos casos, únicamente se paga por obtener o refrendar la concesión cada 10 años, con un costo actual de $6,738 pesos por título, sin importar el volumen de agua utilizado.

Sin embargo, recientemente se ha acusado que estas concesiones han sido mal utilizadas por actores políticos para fines distintos a los autorizados.

Un ejemplo es el del diputado federal del PRI, Mario Calzada, exhibido el 23 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reveló que cuenta con cinco concesiones por 628,000 m³ anuales, presuntamente usados para un campo de polo y venta de agua en pipas.

Políticos y empresarios con grandes volúmenes

En el caso de Nuevo León, destacan como concesionarios figuras como la diputada Olga Sánchez Cordero, el alcalde Baltazar Martínez y exgobernadores como Jaime Rodríguez, Benjamín Clariond y Sócrates Rizo.

También figuran empresarios como Marcelo Canales Clariond y Eugenio Santiago Clariond, quienes han ocupado cargos relevantes en organismos empresariales.

Una revisión al Registro Público de Derechos del Agua (Repda) detectó cerca de 15 personajes públicos con concesiones que suman 8.8 millones de metros cúbicos anuales.

Esta cantidad equivale al 23% de la capacidad de la presa La Boca, lo que significa que solo 14 personas pueden utilizar casi una cuarta parte de ese embalse al año.

Uso cuestionado del agua

En varios casos, el agua concesionada se destina a fincas de descanso o ranchos, en lugar de actividades agrícolas, lo que ha generado cuestionamientos sobre su uso real.

El artículo 192-D de la Ley Federal de Derechos establece que no se pagará por el uso de agua cuando se destine a actividades agrícolas o pecuarias.

El exdelegado de la Conagua en Nuevo León, Pedro Garza, explicó que estas concesiones históricamente no pagan por estar destinadas a la producción de alimentos.

Reformas buscan frenar abusos

En diciembre de 2025 se reformó la Ley de Aguas Nacionales para evitar que estas concesiones cambien de uso sin autorización o puedan ser vendidas o transferidas.

El hidrólogo Santos Sáenz indicó que la autoridad debe vigilar que se respete el uso autorizado.

La reforma también prohíbe vender terrenos con títulos de agua sin autorización, lo que generó inconformidad entre productores.

Principales concesionarios

Entre los mayores volúmenes destaca Manuel Ramón Cavazos Silva, con 12 títulos que permiten extraer 2.5 millones de m³ anuales.

Le sigue Federico Emilio Salazar Ballesteros, con ocho concesiones por 2.25 millones de m³.

Otros perfiles relevantes son:

• Gilberto Montemayor Cárdenas – 975,568 m³/año
• Marcelo Canales Clariond – 871,147 m³/año
• Olga Sánchez Cordero – 838,592 m³/año
• Benjamín Clariond – 454,500 m³/año
• Jaime Rodríguez Calderón – 184,000 m³/año
• Eugenio Santiago Clariond – 435,000 m³/año

También aparecen otros actores políticos con menores volúmenes, pero igualmente relevantes dentro del total concesionado.

Pago mínimo por grandes volúmenes

Tras la reforma, la Conagua estableció un plazo hasta el 28 de abril para actualizar títulos, con un pago de $6,738 pesos por trámite, sin considerar el consumo de agua.

La legislación vigente mantiene que los usuarios agrícolas no pagarán derechos por el uso del recurso, lo que ha generado críticas ante el contexto de escasez hídrica en la entidad.