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Propone PRI endurecer penas por allanamiento

El proyecto busca subsanar vacíos legales y elevar de manera sustancial las multas económicas contra el despojo inmobiliario.

Por El Horizonte | 27 Septiembre 2026

Con el objetivo de frenar la impunidad y blindar el patrimonio de las familias frente a la apropiación ilegal de inmuebles, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño, presentó una iniciativa para reformar los artículos 295 y 296 del Código Penal del Estado.

La propuesta busca subsanar vacíos legales en la redacción actual, la cual exige que la vivienda esté "habitada" para tipificar el delito, pero omite requerir que quien la ocupe demuestre un título jurídico legítimo sobre la propiedad.

Treviño planteó mantener la pena corporal de seis meses a cuatro años de prisión por el delito de allanamiento de morada, pero propuso un incremento sustancial en las multas. El legislador busca elevar el castigo financiero a un rango de 100 a mil 500 cuotas (equivalentes a un monto de 11 mil 731 pesos hasta 175 mil 965 pesos), sustituyendo el tabulador vigente que apenas contempla de 10 a 150 cuotas.

“El resultado esperado es tener un tipo penal técnicamente sólido, que permita sostener sentencias condenatorias sin que las deficiencias de redacción se conviertan en vías de impunidad, y que proteja efectivamente a quienes tienen derecho sobre su vivienda”, argumentó el coordinador priista.

La iniciativa contempla además la eliminación del concepto de “violencia” del artículo 295. Esta modificación técnica busca hacer efectiva la agravante ya estipulada en el artículo 296, resolviendo un conflicto jurídico actual que impedía aplicar castigos más severos bajo el principio de que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito (non bis in ídem).

El líder de la bancada del PRI detalló que el proyecto también armoniza el marco legal de Nuevo León con la Ley General de Víctimas. Con este ajuste, la propuesta se integra formalmente a la Agenda Temática del actual periodo ordinario de sesiones, enfocándose en el combate al despojo inmobiliario en la entidad.

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