Nuevo León llegará a 2026 sin un presupuesto aprobado por el Congreso local. Este hecho, lejos de ser ANECDÓTICO, confirma el retorno de la profunda crisis política que ha caracterizado los ÚLTIMOS AÑOS EN NUEVO LEÓN Y QUE HA AGRAVADO LAS CRISIS ESTRUCTURALES que más afectan a la ciudadanía.
En el plano económico, será el cuarto año consecutivo en que el Poder Legislativo y Ejecutivo incumplen con su obligación más básica: votar el presupuesto. Tenemos cuatro años sin acuerdos, sin diálogo efectivo y sin responsabilidad institucional.
La ausencia de un presupuesto obliga al Estado a operar bajo la figura de la reconducción presupuestal, reutilizando criterios, partidas y prioridades de ejercicios anteriores. Lo que debería ser una excepción se ha vuelto una práctica recurrente a partir de la llegada de la administración estatal actual.
Gobernar así no es benéfico para nadie: limita la planeación, frena nuevos programas, retrasa obras públicas y reduce la capacidad del gobierno para responder a los problemas reales que enfrenta la población, muy distintos a los que enfrentamos hace cuatro años.
Esta parálisis resulta todavía más grave si se considera que la Federación ha incrementado de manera sostenida el flujo de recursos hacia Nuevo León. Hay más dinero llegando al estado, más participaciones y más aportaciones federales. En los hechos, ante el conflicto político local, es la Federación quien termina resolviendo, conteniendo con recursos lo que aquí no se logra destrabar por falta de acuerdos. El gobierno federal está cumpliendo con su obligación para con las y los nuevoleoneses, pero esto no puede ser un incentivo para que nuestros políticos locales dejen de hacer su trabajo.
La falta de presupuesto no solo afecta al gobierno del Estado. Los municipios también pagan las consecuencias. Sin participaciones actualizadas, los ayuntamientos operan en la incertidumbre financiera o con francas limitaciones. Es cierto que buena parte de su situación se debe a una mala gestión financiera o a la incapacidad de recaudar a nivel municipal, pero también es cierto que los municipios no reciben los recursos que necesitan para abastecer los servicios más básicos de una población que crece a ritmos acelerados.
Frente a esta situación, algunos gobiernos municipales, como es el caso de Monterrey, han optado por trasladar el problema a la gente mediante incrementos al impuesto predial.
Estos aumentos reflejan una doble falla. Por un lado, la incapacidad para mejorar la recaudación de manera eficiente, moderna y justa. Por otro, la ausencia de un presupuesto estatal que garantice a los municipios los recursos que necesitan para cumplir con sus funciones básicas. Pero aumentar el predial solo es castigar a las y los ciudadanos que pagan este impuesto cada año, y enfrenta el rezago para quienes no lo hacen.
Al final, serán solo algunas familias pagando más impuestos para cubrir la ineficiencia y la falta de acuerdos de quienes gobiernan.
Mientras tanto, los problemas de fondo siguen ahí. La inseguridad, la crisis de movilidad, la contaminación, la falta de infraestructura y la presión sobre los servicios públicos no esperan. Sin presupuesto, las soluciones llegan tarde o simplemente no llegan.
El balance político es evidente. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han sido incapaces de sentarse, dialogar y sacar adelante el Presupuesto que Nuevo León necesita. Han puesto el conflicto por encima del interés público y han normalizado una parálisis que lastima al Estado.
Un presupuesto no es un favor ni una herramienta de negociación. Es una obligación constitucional. Mientras las fuerzas políticas sigan atrapadas en el pleito, la Federación seguirá amortiguando la crisis y los ciudadanos seguirán pagando las consecuencias. Cuatro años sin Presupuesto son quizás el reflejo más evidente de que el MCPRIAN ha fallado en cumplirle a Nuevo León.