Una de las principales encomiendas de los gobiernos posrevolucionarios de Nuevo León fue restarles privilegios fiscales a las grandes empresas regiomontanas, otorgados en el gobierno del Gral. Bernardo Reyes, para efecto de resolver el caos de las finanzas estatales. La tarea no fue fácil, pues las compañías opusieron resistencia para mantenerse intocables, fue el caso de la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz de Monterrey, que actuó de manera abusiva y ventajosa en el suministro de energía y cobro de tarifas. Veámoslo a continuación.
En 1889, la Compañía de Luz Eléctrica y Fuerza Motriz de Monterrey, recibió una concesión del estado para producir y distribuir electricidad, agua potable y fabricar gas carbónico. Su planta generadora de electricidad se localizaba por las actuales calles de Allende y Guerrero, en el centro de la ciudad. En 1909, fue adquirida por la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz de Monterrey, empresa de capital canadiense cuyo representante era el ingeniero George Robert Graham Conway, nacido en Southampton, Inglaterra, en 1873. Se graduó de ingeniero civil en Hartley University College. De 1907 a 1910 ocupó el cargo de ingeniero en jefe de la Monterrey Railway, Light and Power Company y de la Monterrey Water Works and Drainage Company. Fue ingeniero en jefe y subgerente general de la British Columbia Electric Railway entre 1910 y 1916. Entre 1916 y 1926 ocupó el puesto de director general de The Mexican Light and Power Company, así como de la México Trainways Company. El 27 de mayo de 1909, la empresa obtuvo una nueva concesión para ampliar y mejorar el alumbrado y la fuerza motriz en la capital nuevoleonesa, incluyendo el sistema de transporte urbano de tranvías eléctricos y de tracción de sangre (los tradicionales tranvías de mulitas, que pronto se extinguirían).
La compañía no solo controlaba el transporte, sino que se convirtió en el principal proveedor de electricidad para el sector comercial e industrial de la zona urbana de Monterrey. Al iniciar la década de los veinte existía una larga lista de reclamos por parte de los usuarios regiomontanos, quienes denunciaron el alza inmoderada de las tarifas de luz. Aunque no se aclara la tarifa cobrada, todo indica que la misma osciló entre los 35 y 40 centavos por kilovatio, equivalente a lo que se cobraba en Laredo y Saltillo, respectivamente. Se exigía el restablecimiento del servicio de segunda clase en los tranvías, debido a que los usuarios eran obligados a pagar el de primera, el cual resultaba más caro.
Estas arbitrariedades obligaron a que el gobernador Juan M. García decretara, a finales de 1921, una tarifa al consumidor de 18 centavos por kilovatio. A pesar de que la tarifa aprobada era 50% más alta que la cobrada en las ciudades estadounidenses, la empresa estuvo en desacuerdo con el —a su juicio— ínfimo aumento autorizado para cobrar a sus clientes por el servicio. Logró ampararse ante la justicia federal, y el asunto pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dictara una resolución definitiva.
La negativa de la empresa a negociar con la autoridad estatal provocó una represión gubernamental. El 3 de enero de 1922, por órdenes del gobernador, el alcalde de Monterrey procedió a derribar algunos postes de madera de la compañía en lugares estratégicos de la ciudad, los cuales consideraban en mal estado. No conforme con lo anterior, García publicó un aviso invitando a los suscriptores de la compañía a abstenerse de pagar el consumo de energía mientras el juez de distrito no dictara sentencia. Propuso que, para acabar con los abusos de esta empresa, debía crearse una de capital nacional.
Por la tarde, varios diputados auspiciaron una manifestación pública en repudio a la empresa y en apoyo a las medidas gubernamentales. Días después, el Ejecutivo Estatal giró una comunicación para que la compañía sustituyera los durmientes de madera —en ciertas partes de la ciudad— por los de concreto. Finalmente, era imprescindible reparar “los cables conductores de alta tensión en los lugares donde los ha ido encontrando en malas condiciones el inspector técnico del gobierno”. El gobierno estatal había lanzado toda su ofensiva a la empresa canadiense; se pusieron a jugar vencidas, sería cuestión de meses para saber quién saldría más dañado en este conflicto.
El Congreso local también manifestó su apoyo al gobernador a través de los diputados Martínez Celis, Díaz y Gorena, quienes el 7 de enero declararon: “(...) que la actitud asumida por el mismo gobierno en defensa de los intereses de la colectividad iba resuelta a acabar con los monopolios y hacer cumplir la ley a todas las empresas que han venido burlándola sistemáticamente”. Por si esto fuera poco, la empresa fue asediada por las críticas del público, en particular por los conductores de vehículos de la ciudad que exigieron, a través de una manifestación, que la compañía dotara a los tranvías urbanos de frenos de aire, a fin de que se evitaran los accidentes frecuentes por este tipo de negligencias.
El Lic. Pedro Benítez, apoderado jurídico de la compañía, manifestó a la prensa que era urgente que se protegiera a esta empresa en contra de las órdenes giradas por el gobernador Juan M. García. Resultaba una medida arbitraria imponer tarifa de alumbrado cuando la empresa había demostrado que el cobro era justo. Aunque la presión del gobierno de Nuevo León no duró el tiempo suficiente para doblegar a la compañía eléctrica, sirvió para que los intereses extranjeros comenzaran a someterse a la presión ejercida por los gobiernos locales. El 11 de enero de ese año, W.H. Moore, director del consorcio canadiense, llegó a Monterrey para hacer las paces e iniciar una relación más dócil hacia el gobierno nuevoleonés, sin descartar que, en lo subsiguiente, volvería a ser ríspida.