La semana pasada sería aprobada en Cámara de Diputados la reforma que formalizaría la confiscación (que no expropiación, ya que no se indemniza) de Afores de trabajadores de más de 70 años.
Dicha aprobación se pospuso en el Pleno debido a que, a la mala, el grupo oficialista publicó en la Gaceta Parlamentaria un dictamen que no correspondía con el aprobado en comisiones, y que incluía no sólo a cuentas inactivas, sino incluso a empleados activos de 70 y más años de edad. Mucho, mucho peor que el aprobado, y que hizo públicas las verdaderas intenciones originales de Morena.
Se ha informado que se trató de un supuesto “error humano” por el que se publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado. Como sea es un escándalo, porque no fue uno sino al menos 12 cambios los observados, y de haberse aprobado, la confiscación de Afores hubiese afectado a más trabajadores y sus familias.
Aunque dicha aprobación se ha pospuesto, es casi seguro que se hará en el Congreso esta semana, para luego dar paso a una controversia constitucional que presentará la oposición. O sea, no es un hecho consumado todavía, pero sí envía una muy mala señal en el peor momento a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Este ataque a la propiedad privada debilita la fortaleza estructural de la economía mexicana y, por supuesto, es una razón más que compromete la fortaleza del peso y del crecimiento económico a largo plazo.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sostiene en un video en redes sociales que se trata de una mentira de la oposición el que se pretenda confiscar recursos para el retiro. Sin embargo, la mentira proviene del gobierno: sí se quieren apropiar recursos de trabajadores bajo la excusa de que se usarán para una buena causa. Esto es, para financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Pero lo que NO dicen es que de ninguna manera tendrían por qué tomar recursos privados que no les pertenecen. Si quieren crear su fondo, que lo hagan sólo con recursos públicos. ¿Por qué no lo hacen?
Porque ya se acabaron todos los “guardaditos” acumulados en los sexenios anteriores. Esa es la realidad.
La excusa de que se trata de recursos que deberían ser integrados al IMSS se cae por sí sola toda vez que la propia Amafore ha aclarado que todas sus afiliadas han cumplido con las reglas para aplicar esa legislación, en la que es el propio instituto el que debe requerir la transferencia desde las cuentas inactivas.
Por último y lo más importante: hay que entender que por el propio funcionamiento del sistema, el dinero de los trabajadores en Afores YA se destina en su mayoría al financiamiento del gobierno, porque las administradoras colocan más de la mitad de ese capital en Cetes y bonos gubernamentales. Es decir, apropiarse del dinero de cuentas individuales es una forma ilegítima de “imprimir” más dinero para gastar a partir de dinero ya gastado, justo en el año de mayor derroche y déficit público en más de 30 años.
Aún queda mucho por ver en esta historia, en la que los tiempos electorales exigen que todos sin excepción seamos los primeros defensores de la propiedad privada de otros, porque de no hacerlo, en el futuro esa afectación podría extenderse a todos, y más allá de las Afores.