El despacho de mi contacto financiero en la Ciudad de México no tenía diagramas en las paredes ni expedientes apilados. Era un espacio frío, casi un refrigerador; más sala de espera de dentista caro que laboratorio de un investigador.
La autopsia del poder se da en la crudeza de una hoja de cálculo.
“Si vienes buscando un culpable, te equivocaste de oficina, mi amigo”, me dijo mientras cerraba su laptop. “Aquí solo rastreamos evidencias”.
“Entonces vine al lugar correcto”, le respondí. “Necesito que me explique el caso de Alfonso Romo, porque la onda expansiva ya está golpeando la carrera por la gubernatura de Nuevo León en 2027”.
Le planteé mi tesis provisional: los regiomontanos somos diestros en adoptar triunfadores cuando llegan al corazón del poder en la capital, y aún mejores para desconocerlos cuando caen en desgracia.
Pero el caso Vector es único. La institución desaparece: el Tesoro de Estados Unidos la sanciona, la FGR la investiga, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le quita la autorización para operar. Sin embargo, Alfonso Romo sigue sin enfrentar cargos penales.
Mi interlocutor entrelazó las manos sobre la mesa vacía. “El derecho no trabaja con el escándalo de la opinión pública. Trabaja con pruebas procesales. Una cosa es asfixiar regulatoriamente a una institución financiera y otra muy distinta procesar a una persona física, mi amigo”.
Luego, sin levantar la voz, reconstruyó el rompecabezas. “Todo estalló el 25 de junio de 2025, cuando la FinCEN —la red de delitos financieros de los gringos— colocó a Vector Casa de Bolsa en su lista negra por lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas y adquisición de precursores en China. El aislamiento global fue instantáneo. Qué pena”.
“Después entró la FGR”, le digo.
Siguió sin oírme: “El Centro Federal de Inteligencia Criminal documentó que Grupo Potesta canalizó $220 millones de pesos a través de Vector sin registros claros de fecha. Vector también aparece en un listado de 36 sociedades vinculadas al entramado del huachicol fiscal”.
“Y el golpe final fue la revocación de la CNBV a finales de 2025”, añadí. “La institución, en términos prácticos, dejó de existir. El impacto fue devastador”.
“Para la marca, sí”, me corrigió. “Pero hasta hoy, el expediente es puramente regulatorio y reputacional. Para que Romo pise un juzgado, la Fiscalía tendría que lograr lo que en derecho societario llamamos ‘levantar el velo corporativo’: probar que Romo, como individuo, realizó operaciones ilícitas. El propietario de una empresa no responde penalmente solo por ser el dueño. Mientras no haya esa prueba directa, la casa de bolsa muere, pero el operador político sobrevive”.
“Eso cambia las cosas”, le dije. “Romo fue el susurrante del presidente. Según las memorias de Ken Salazar, que salen en unos días, fue él quien sugirió que ‘El Mayo’ debía ir a cantar a los tribunales norteamericanos”.
“Es una paradoja del sistema”, asintió. “El gobierno presume el combate al huachicol fiscal como su gran cruzada, pero las investigaciones terminaron alcanzando a las estructuras financieras del primer círculo de la Cuarta Transformación”.
Llegamos al punto de quiebre.
“Jurídicamente el velo corporativo lo protege”, le dije, antes de que se parara para cortar la plática; sin embargo, continué: “pero políticamente, ese velo no existe en Nuevo León”.
Mi contacto asintió lentamente. “Esa es la historia en la que debes enfocarte, mi amigo. Los buenos expedientes judiciales nunca responden las preguntas políticas”.
Y tenía razón. Romo quizás no enfrente un proceso penal, pero el desgaste político no necesita ir acompañado de sentencia condenatoria. Basta con los registros. Uno de los aspirantes para competir por la gubernatura de Nuevo León en 2027 no solo ha mantenido una pública amistad con él, sino que su declaración patrimonial de 2025 reporta inversiones directas en Vector.
En la arena electoral, intentar justificar que tu patrimonio estaba gestionado por una casa de bolsa sancionada por el gobierno de Estados Unidos por nexos con el narcotráfico es un tema delicado. Negar lo que el papel confirma complica la trama. La justicia mantendrá a Alfonso Romo a salvo, pero su naufragio financiero está a punto de hundir, sin querer, un proyecto personal de poder. Aunque en México, todo es posible.