El 3 de diciembre de 1979, en el Club Social CEMEC A.C., en la colonia Chepevera, se llevó a cabo la junta para contabilizar los votos emitidos durante la elección municipal verificada el día anterior. Esta fue cuestionada por la oposición y los medios debido a las marrullerías que realizaron las autoridades electorales para favorecer al candidato del PRI. Veámoslo a continuación.
El acto estuvo presidido por el Lic. Teófilo Bichara Zimeri, presidente de la Comisión, acompañado por Enrique Barragán Lagrange y Jorge Hinojosa Vázquez, quienes aprobaron el quórum legal por la asistencia de los 329 presidentes de casilla. Además, examinaron 510 paquetes electorales, constatando que los encontraron sin violación alguna. Posteriormente, llevaron a cabo el conteo de sufragios, donde se emitieron 228,579 votos, obteniéndose los siguientes resultados: PRI, 155,629 (67.94%) y PAN, 32,466(14.14%). Se declaró ganadora a la planilla priista representada por Pedro F. Quintanilla Coffin. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y el artículo 4 de la Ley Electoral, se asignaron las regidurías de representación proporcional a Felipe Gutiérrez Zorrilla (PAN), Antonio Jiménez Benítez (PDM), Arlina Marroquín Sánchez (PARM) y José Luis Norato Lara (PST).
En el acta de la Junta Computadora se constató la revisión de toda la documentación electoral y se declaró que las elecciones habían sido legales. Sobre el desempeño de dicha Junta Computadora, la prensa informó que el escrutinio había durado cinco horas con 30 minutos. No se dio acceso a la prensa; un reportero fue arrojado del local por el secretario de la junta, Carlos Garza Aguilar. Se destacó que solamente estuvieron presentes los presidentes de casillas pertenecientes al PRI, ya que a los de otros partidos se les negó el acceso al Club CEMEC. Para evitar la intromisión de personas sin autorización, se contó con la presencia de 15 elementos del Ejército en los alrededores e innumerables porros de la UANL en las puertas del edificio.
Al darse a conocer los resultados de la Junta Computadora, el PAN y el PCM señalaron que “los cauces legales para la designación de representantes de elección popular definitivamente estaban cerrados”. Graciano Bortoni Urteaga, presidente de la Comisión Estatal Electoral, calificó las protestas de los partidos políticos de oposición como una “postura publicitaria que busca desorientar a la ciudadanía con respecto a las elecciones municipales”.
En su columna de ese día, M.A. Kiavelo cuestionó: “¿Por qué las mañas, las trapacerías, los robos de ánforas, los taquitos de votos, los acarreados, los aviadores, las brigadas de choque, los porros tipo halcones, la falsificación en actas, el madruguete en la apertura de las casillas, el cierre anticipado de otras, la vigilancia policial y militar a destiempo, etcétera, etc.? En realidad, las elecciones fueron tan frías como ese domingo dos de diciembre en que el termómetro del abstencionismo descendió a los más bajos niveles que sean recordados aquí. Ya verá usted que, donde no pudo haber más de cien mil votantes en Monterrey, van a aparecer oficialmente centenares de miles de sufragios emitidos a favor de don Teofilito, votación inflada que subraya la falsedad. Pero ¿qué vamos a hacer, si esas costumbres tienen? (…) ¿No sería más sincero, y más barato, designar regente en la ciudad de Monterrey en lugar de la payasada esa de las elecciones de dizque ayuntamiento?”.
El 4 de diciembre, el presidente del Congreso, Jesús G. Garza Torres, dio a conocer que se había desechado la demanda de nulidad de las elecciones del municipio de Monterrey presentada por la oposición. Luego de someterla a votación, se obtuvieron 15 votos de diputados priistas a favor y tres panistas en contra. En sus escritos, el PAN y el PCM señalaron una serie de anomalías en el proceso electoral: robo de ánforas, atropellos, amenazas y alteración de la votación. Para el presidente del órgano legislativo, los opositores solamente presentaron “una simple relación de hechos” sin sustento probatorio.
Al concluir la sesión, el dirigente panista Raúl Garza Sloan dijo que “la actitud de los 15 diputados significa una traición al pueblo de México y al intento de reforma política del presidente López Portillo”. Luego agregó que su partido, además de solicitar la nulidad ante otras autoridades, incluiría la desaparición de poderes en Nuevo León. Obviamente, todo quedó concluido con el decreto del Congreso que declaraba “improcedentes” las solicitudes de nulidad presentadas por la oposición y daba por válida la elección de Monterrey.
Al interior del PAN hubo opiniones divididas al evaluar la derrota electoral: unos argumentaron que fue por las marrullerías del régimen priista; otros, como José Ángel Conchello, dijeron que fue por utilizar un candidato prestado que no sentía los colores del partido. Esta crítica se multiplicó cuando el profesor Ricardo Torres Martínez, un día después de la elección, se incorporó a sus actividades magisteriales y se negó a participar en las protestas públicas que organizó la dirigencia albiazul.
En conclusión, lo que pasó aquel 2 de diciembre de 1979 fue un simulacro de competencia multipartidista, debido a que el resultado el régimen lo había predeterminado por la manipulación y la represión electoral de un gobierno estatal que no estaba dispuesto a compartir el poder político.