La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de 763 auditorías practicadas en empresas y dependencias del gobierno federal en 2022.
Las auditorías concluyeron que hasta ese año había $33,186 millones de pesos sin aclarar su uso.
No se sabía en qué los gastaron o si se los robaron.
Sin aclarar su destino o a dónde quedó ese dinero, hasta 2022 sumaron:
* $785 millones en el Tren Maya.
* $110 millones en la Refinería de Dos Bocas.
* $15,000 millones en Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex (antes Conasupo).
* $14 millones en el Aeropuerto Felipe Ángeles.
* $121 millones en la Comisión Federal de Electricidad.
* $799 millones en PEMEX.
* $62 millones en la refinería de Tula.
* $407 millones en las alcaldías (antes delegaciones) en CDMX.
* $292 millones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
* $12 millones en gobernadores.
Los datos de la ASF muestran las enormes cantidades perdidas de dinero, o robadas por la 4.ª Transformación en cuatro años de gobierno.
Estimamos que al terminar este gobierno sus seis años en el poder el total de esas cantidades se duplicará, convirtiéndose en la cifra más alta de desviación de recursos de cualquier gobierno de México en el Siglo XX y XXI.
Desde luego, si gana las próximas elecciones la candidata de Morena esos millonarios desvíos quedarán en el olvido, sin ninguna investigación ni castigo a quienes ilícitamente tomaron o robaron esos millones.
Si gana la candidata de oposición, es muy probable que se amplíe y fundamenten más esos desvíos, y metan a la cárcel a los responsables.
Hasta la fecha, mayo de 2024, más del 90% de esos recursos siguen sin aclararse.
Es necesario que las cifras de los gastos del gobierno federal y de las empresas estatales se publiquen con cifras más completas, al alcance de la mayoría de los mexicanos.
Que el gobierno no se reserve cifras con la excusa de que son datos protegidos por seguridad nacional.
Debe plasmarse en la Constitución la obligación de gobiernos federales, estatales y municipales, de dar a conocer con cifras claras el destino de sus gastos públicamente.
Terminar con la “ley del embudo, lo angosto para quien paga impuestos: todo el peso de la ley por evadir impuestos, pero lo ancho: toda la flexibilidad y opacidad para gastar los impuestos, sin la obligación de dar a conocer claramente a los ciudadanos cómo se gastan los impuestos que ellos pagan.