Las elecciones municipales del 10 de noviembre de 1985 se desarrollaron en un ambiente efervescente, protagonizado por el PAN y el PRI, derivado de la contienda por la gubernatura efectuada en julio de ese año, donde los panistas acusaron de fraude electoral al partido gobernante. Este conflicto poselectoral alcanzó el calendario de los comicios locales, por lo que la tensión política siguió latente. Veámoslo a continuación.
Tras desechar las protestas jurídicas del PAN, tanto en el Congreso del Estado como en la Suprema Corte de Justicia, el 31 de julio por la noche, en el Teatro de la Ciudad, el gobernador electo, Lic. Jorge A. Treviño, tomó posesión del cargo. Afuera de la sede se presentaron protestas panistas que terminaron con acciones violentas por parte de la policía en contra de los manifestantes. A pesar de los mensajes mediáticos dados por el nuevo gobernador sobre respetar la libertad de expresión, la realidad mostró el actuar de un Estado represor que no soportaba las críticas y reprimía cualquier acto público. Durante la Marcha de la Exigencia, realizada el 2 de agosto en la Gran Plaza, se registró nuevamente un enfrentamiento entre policías y panistas, dejando un saldo de 50 heridos —algunos graves—, decenas de intoxicados, daños materiales y hasta desaparecidos. El 15 de septiembre se efectuaron dos Gritos de Independencia en escenarios diferentes: el tradicional, desde el Palacio de Gobierno, con Jorge Treviño como gobernador constitucional; y el otro, con Fernando Canales, desde el kiosco de la Plaza Zaragoza, como gobernador proclamado por el pueblo de Nuevo León.
Con el transcurrir de los días, la efervescencia electoral fue menguando relativamente. Jorge Treviño comenzó a preparar la organización de las elecciones municipales, mientras que Canales trató, de manera infructuosa, de revertir el resultado electoral por las vías legales.
Para septiembre de 1985, en los pasillos del PRI comenzaron a rumorarse algunos nombres para ocupar la alcaldía regia: Napoleón Cantú Cerna, Ricardo Canavati, Alberto Santos y Felipe Zambrano Páez. Sin embargo, la dirigencia nacional hizo poco eco a las preferencias de los priistas nuevoleoneses. Su preocupación era revertir la imagen negativa del partido ante el electorado, debido al mal paso de la economía nacional y a la percepción ciudadana de que se había cometido fraude electoral en las elecciones de gobernador. El 9 de septiembre, Jorge Villegas, en su columna “Cosas Nuestras”, destapó al tapado: “Los apuros que debe de haber pasado el Revolucionario Institucional para seleccionar su candidato a la alcaldía de Monterrey. No puede tener personalidad tan opaca para ser arrollado por el candidato de Acción Nacional, pero tampoco puede postular a un político que, además de brillante, ambicione escalar las más altas posiciones, so pena que opaque al gobernador. (…) Pero hay solución: que postule el PRI a un político con categoría, historia y agallas, pero que ya no aspire al sillón de don Jorge. Ni siquiera a fastidiar al hombre. Un hombre ya juzgado por la historia, pero que todavía traiga en la bolsa pagarés sin cobrar de Nuevo León. Alguien que haga contrapeso a un Palacio de Gobierno lleno de snobs de la política. Vamos, don Luis M. Farías, para acabar pronto”.
Ese mismo día, en entrevista telefónica desde la Ciudad México, el político tricolor admitió que aceptaría la candidatura a la presidencia municipal de la capital del estado, que se pronunciaba por elecciones limpias y que realizaría una política de conciliación y no de enfrentamiento. Se calificó a sí mismo como anticomunista, amigo por igual de los obreros y de los capitanes de la industria, y partidario de armonizar intereses y no chocar con nadie.
La oposición criticó fuertemente el ungimiento de Farías, a quien calificaron de “cartucho quemado”, candidato impuesto y político antiguo. El panista José Ángel Conchello aseguró que sería el gran mandamás del estado por encima del gobernador Treviño:
“Farías es un “cartucho quemado” y revela que el gobierno de De la Madrid no tiene cuadro. Ni siquiera los priistas de Monterrey se creen que Farías sea el hombre adecuado para el momento que vive la capital; menos se lo cree el pueblo”.
El PSUM recordó que Farías fue el encargado de responder al informe presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1968, y que aprobó la masacre de la que fueron víctimas los estudiantes, descalificándolo para ser alcalde de Monterrey. Pedro Peñaloza, del PRT, declaró que la designación de Farías demostraba una clara alianza entre el PRI y el PAN en Monterrey, ya que los tricolores tratarían de engañar a los empresarios con los supuestos dotes conciliadores de Farías. Para Eduardo Valle, del PMT, Farías era la misma cara de la moneda de Martínez Domínguez:
“Es un zorro, su consigna es frenar al PAN a como dé lugar. Sin duda, si gana, es un aviso al pueblo de que puede haber palos sí se portan mal”.
La elegibilidad de Farías también fue cuestionada por el panista y dirigente del Movimiento Constitucional Mexicano (sic), Herminio Gómez Rangel, quien aseguró que el priista tenía años viviendo en la Ciudad de México, en la colonia Pedregal de San Ángel.
Luis Marcelino Farías Martínez había nacido en Monterrey el 7 de junio de 1920. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, antes de ingresar a actividades políticas trabajó como locutor en la XEW y conductor de televisión en el Canal 2. Durante su paso por la referida radiodifusora fungió como secretario general del Sindicato de Artistas y Empleados. Inició sus actividades políticas como miembro del Partido Revolucionario de la Unificación Nacional, que postuló a la presidencia a Juan Andreu Almazán en 1940, contra Manuel Ávila Camacho. Después de su paso por la oposición, se afilió al PRI en 1951 y fue electo diputado federal por el Distrito Federal de 1955 a 1958. De este año a 1964 fue director general de información de la Secretaría de Gobernación. De 1964 a 1967 fue Oficial Mayor del Departamento de Turismo y, ese último año, resultó electo nuevamente diputado federal por Nuevo León. Durante este periodo ejerció la presidencia de la Cámara. En 1970 fue electo senador por Nuevo León para el periodo que culminaba en 1976. Sin embargo, sólo lo ejerció hasta 1971, pues fue designado gobernador sustituto de Nuevo León —desde ese año hasta 1973— tras la renuncia de Eduardo A. Elizondo, a raíz del conflicto que vivía la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al terminar su periodo, ejerció como delegado del PRI en Sinaloa. En 1979 fue diputado federal por Nuevo León y, en este periodo, también fue presidente de la Cámara.
Con gritos y sombrerazos, el PRI, de nueva cuenta, impuso desde el centro del poder al candidato que tenía la ardua tarea de revertir la imagen negativa de su partido y asegurar la corona de Monterrey.