Durante los gobiernos posrevolucionarios, el caos de las finanzas públicas limitó su desempeño y puso en riesgo la permanencia de sus titulares cuando estos pretendieron el pago atrasado, el aumento o la creación de nuevos impuestos. La administración del gobernador Juan M. García (1920-1921) escenificó esta problemática, planteada en su primer informe, que rindió ante los legisladores locales el 16 septiembre de 1921. Veámoslo a continuación.
Destacó que la resolución del problema hacendario era su principal preocupación. Al iniciar su administración, se topó con que la recaudación se realizaba conforme a la ley de ingresos de 1919, mientras los pagos se efectuaban conforme al ordenamiento de 1920, lo que provocó un déficit de $226,889.93 en una sola anualidad.
En materia de educación, reformó el reglamento del Colegio Civil, por lo que los alumnos, además de pagar su matrícula, debían cubrir una cuota mensual de $2.00 los de primer y segundo año y $3.00 los de los años siguientes. Aclaró que dichas cuotas serían destinadas a la adquisición y reposición de aparatos, útiles y laboratorios del Instituto. La falta de recursos afectó severamente el financiamiento de la educación superior. Lamentó el cierre temporal de la Escuela de Medicina en julio de 1921 y confirmó que estaba en estudio un proyecto para reorganizar su funcionamiento y abrir de nuevo los cursos.
Para aumentar las arcas estatales, el Congreso expidió el 27 de abril de 1921 un decreto por el que se gravaron las ventas de las bebidas alcohólicas. Subrayó: “Como este impuesto afecta muy directamente a una gran negociación industrial de esta ciudad —se refería a la Cervecería Cuauhtémoc—, sus representantes han venido gestionando administrativamente, ante el gobierno de mi cargo o bien ante la Secretaría de Hacienda, la derogación o reforma de este decreto, pero hasta ahora con nulos resultados”. La disputa con la cervecería no estaba finiquitada; buscaría, por todos los medios, mantener los privilegios fiscales que gozaba desde la época de Porfirio Díaz.
Aumentó el predial urbano en un 50% a fin de nivelar, por este medio, los ingresos con los egresos que había dejado “en discordancia” el gobierno anterior de Porfirio G. González, que heredó una deuda de $86,918.70. Este impuesto fue reclamado como inconstitucional por algunos contribuyentes, y el juez de distrito del Estado falló a favor de su gobierno: “uno de los dos amparos pedidos, en el sentido de que la justicia de la Unión no ampara ni protege a los reclamantes”.
Para aliviar la falta de recursos, el 30 de julio de ese año el Congreso acordó la suspensión de algunos servicios y empleos que no estimaron necesarios. El 26 de mayo, el gobernador había solicitado a los legisladores la venta del cuartel Abasolo, ubicado en el cruce de las calles de Mina y Abasolo, en Monterrey. El predio se vendió por la cantidad de $27,000.00.
No solo la clase alta, sino también las personas de bajos recursos, se negaron a pagar impuestos, como fue el caso de los habitantes de las comunidades rurales del sur del Estado, principalmente de Dr. Arroyo, Iturbide, Zaragoza y Galeana, quienes solicitaron la condonación de contribuciones debido a los daños causados por la revolución y las incursiones de pequeñas gavillas de rebeldes. Procurando ser equitativo, el gobernador determinó: “A los causantes de Dr. Arroyo y puntos circunvecinos, donde tan rudamente han sido tratados por la rebelión, la dispensa de dos tercios de sus adeudos; en Galeana y puntos cercanos el 50%; y en los demás lugares, un 40% o menos, según las circunstancias”.
En agosto, participó en la Junta de Gobernadores celebrada en San Luis Potosí, a la que asistieron la mayoría de los mandatarios. En un ambiente de cordialidad, se tomaron varios acuerdos, destacando gestionar la reducción —en tanto se conseguía hacerla desaparecer por completo— de la contribución adicional del timbre del 50% y reservar a los estados “como materia exclusiva, en materia de contribuciones, las bebidas alcohólicas”. Esto deja en claro la necesidad que tenían los estados de ejercer una carga fiscal más amplia para poder llevar a cabo sus programas de gobierno, lo que implicaría confrontarse con la hacienda federal al exigir mayores participaciones y declarar una guerra sin cuartel a los empresarios que no estaban dispuestos a pagar.
Los meses posteriores a su informe, vendrían a demostrar la capacidad política que tuvo Juan M. García para materializar su proyecto de gobierno sustentado en nuevos impuestos y la abolición de sus exenciones, veremos.