En nuestro país millones de mexicanas y mexicanos no tienen acceso al internet o a las telecomunicaciones. Quizás cueste trabajo pensar en esta realidad para quienes habitamos en ciudades como Monterrey, pero hay comunidades alejadas de los centros urbanos que están incomunicados con del resto del mundo.
La brecha digital, más aún que la telefonía, fue por muchos años una deuda ignorada por nuestros gobiernos, pese a que en un mundo como el de hoy, dependemos del internet para casi todo.
Desde la Cuarta Transformación estamos convencidos de que no podemos seguir hablando de desarrollo si ignoramos la brecha digital que divide a quienes pueden estudiar, trabajar, acceder a servicios y comunicarse, y quienes no.
Durante el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se dio un paso importante para cambiar esa realidad, con el programa Telecomunicaciones e Internet para Todos, que permitió conectar a más de 17.5 millones de personas en comunidades rurales. Fue un acto de justicia social y un primer paso para cerrar la brecha digital.
Sin embargo, sabíamos que eso sólo era el inicio.
Así, la Presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo presentaron la iniciativa de reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa que representa un segundo gran paso en el camino hacia la inclusión digital.
La ley no sólo amplía la infraestructura y la cobertura, sino que establece con claridad que el acceso a internet debe ser un derecho garantizado para todas y todos, sin importar dónde vivan ni cuánto ganen.
En pocas palabras, la ley establecía una visión de futuro con convicción social y no con visión mercantilista.
Así, la nueva ley, aprobada por el Senado de la República, podrá llevar conectividad a más de 15 millones de personas que hoy siguen excluidas del mundo digital. Eso significa que niñas y niños en comunidades apartadas podrán tener clases en línea, que pequeños productores podrán vender sin intermediarios, que jóvenes podrán emprender sin migrar y que cualquier persona podrá acceder a servicios médicos, trámites gubernamentales o plataformas de participación sin tener que desplazarse kilómetros.
Para hacer realidad este objetivo, la ley contempla la creación de una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá la rectoría del Estado en esta materia. Yo mismo he defendido que el Estado no puede seguir dejando el acceso a la conectividad en manos exclusivas del mercado.
Una y otra vez hemos visto que cuando un servicio a una comunidad no es rentable, simplemente se queda sin él. Eso, desde el punto de vista de un gobierno humanista, no es aceptable.
La nueva agencia será responsable de administrar el espectro radioeléctrico, regular las redes públicas y abrir nuevas formas de asignación que impulsen la innovación tecnológica.
Además, la ley reconoce la existencia y la influencia de las plataformas digitales. Regularlas de manera adecuada no implica censura, sino equilibrio. La libertad de expresión sigue siendo un principio fundamental de la Cuarta Transformación. Pero al mismo tiempo, debemos proteger nuestra soberanía frente a intereses extranjeros que puedan financiar propaganda política o ideológica que tengan el fin de intervenir en nuestros procesos democráticos o infundir miedo a nuestra comunidades, como lo vivimos hace pocos meses.
Por todo lo anterior, la iniciativa recién aprobada es una herramienta que tiene la capacidad de tocar la vida de las personas.
Estoy convencido que el acceso a internet debe ser un derecho ejercido por todas y todos. Que el desarrollo digital no sea privilegio de unos cuantos, sino una herramienta de equidad y justicia.
Con esta ley, actualizamos el marco normativo y más importante aún, cerramos brechas que por décadas nos dividieron.