México necesita cambiar. No sólo en lo político o lo social, sino en la forma en que producimos, consumimos y desechamos.
La modernidad trajo bienestar y prosperidad para las naciones, incluida la nuestra, pero también introdujo una dinámica de consumo sumamente insostenible.
La economía lineal, envuelta en esta lógica de “usar y tirar”, nos está llevando al límite ambiental y económico.
Por eso, desde el Senado de la República, impulsamos un cambio de paradigma: dejar atrás la economía lineal para impulsar una economía circular, donde los residuos dejen de ser basura y se conviertan en oportunidad.
Cuidar el medio ambiente no es sólo responsabilidad del gobierno, sino una tarea compartida con la iniciativa privada y la sociedad civil. Por eso, en estos días tuve el honor de dialogar con la Comisión de Enlace Legislativo de Caintra sobre la Ley de Economía Circular y la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que trabajamos desde el Senado.
Los datos que presentamos son preocupantes: cada año generamos en México 44 millones de toneladas de residuos, de los cuales sólo se recicla el 7 por ciento. El 48% del plástico que usamos es de un solo uso, produciendo una cantidad inmensa de basura que daña al planeta y a nosotros.
Estas iniciativas son particularmente relevantes para Nuevo León, un estado industrial por excelencia, donde se concentra una parte significativa de la producción y el consumo del país, pero también una entidad con problemas medioambientales cada vez más graves.
La gestión de residuos y la transición hacia procesos más sostenibles no sólo ayudarán a reducir el impacto ambiental en nuestra zona metropolitana, sino que también representan una oportunidad para modernizar nuestras industrias, abrir nuevos nichos de mercado y posicionar al estado como referente nacional en innovación verde y responsabilidad ambiental.
Ante este panorama, las leyes presentadas pretenden construir un sistema productivo que reduzca al máximo los desperdicios y fomente cadenas productivas más eficientes.
Esta legislación propone modificaciones de fondo a los artículos 4.°, 25.° y 73.° de la Constitución para fortalecer el derecho a un medio ambiente sano, el desarrollo sustentable y la restauración del equilibrio ecológico. Además, plantea crear un sistema de información pública de economía circular, establecer etiquetados verdes, valorar las materias primas secundarias y distribuir con claridad las competencias entre los tres órdenes de gobierno.
Para que esto suceda de manera exitosa y sostenible, la transición no debe convertirse en una carga excesiva para la industria. En ese sentido, la ley busca ser un puente entre la rentabilidad y la sostenibilidad.
No se trata de imponer, sino de construir juntos un nuevo modelo productivo.
La reforma a la Ley de Residuos incluye medidas concretas: eliminar plásticos de un solo uso, definir responsabilidades claras en la gestión de residuos y prohibir la disposición final de materiales que aún pueden aprovecharse. Esto no sólo protege al ambiente, también abre la puerta a nuevos empleos, tecnologías e inversiones.
Como senador por Nuevo León y como mexicano, tengo claro que esta transformación no puede esperar.
Apostar por la economía circular es apostar por la vida, por el bienestar colectivo y por un futuro donde el progreso no sea sinónimo de destrucción, sino de equilibrio.