En los últimos días he recibido numerosos mensajes de ciudadanos preocupados por una propuesta del Gobierno Municipal de Monterrey que plantea modificar diversos reglamentos urbanos, entre ellos los relacionados con construcción, zonificación y uso de suelo.
Uno de los cambios más alarmantes, me comentan, es la aparente intención de flexibilizar los reglamentos que permitirían obviar la obligatoriedad del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) como requisito previo para el desarrollo de obras.
Estas reformas, que actualmente se encuentran en proceso de consulta ciudadana, han generado un amplio rechazo entre los regiomontanos.
Vecinas y vecinos de diversas colonias han comenzado a organizarse y recabar firmas en contra de esta medida. Denuncian que esto permitiría construir en zonas de riesgo, reducir aún más las áreas verdes y comprometer gravemente el equilibrio ambiental en una ciudad que ya enfrenta niveles insostenibles de contaminación, problemas de movilidad, escasez de agua, sobrecarga en los servicios públicos y una creciente urbanización desordenada.
Ante la crítica ciudadana, las autoridades municipales han asegurado que las reformas al reglamento no eliminan el requisito del MIA, sino que buscan agilizar los trámites al permitir que las gestiones federales, estatales y municipales se realicen en paralelo y no de forma secuencial. De acuerdo con el propio secretario de Desarrollo Urbano Sostenible municipal, el resolutivo de impacto ambiental seguiría siendo obligatorio, tal como lo establece la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León en sus artículos 37 y 48.
Sin embargo, esta explicación no disipa las dudas, la confusión ni la incertidumbre.
¿Cómo puede garantizarse la protección ambiental si se abre la puerta a que un permiso municipal sea otorgado antes de contar con los vistos buenos estatal y federal, que son los que otorgan el MIA?
En marzo de este año, el gobernador Samuel García planteó algo similar. Como parte de su estrategia para "simplificar trámites", anunció que su administración incluiría los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental dentro del proceso estatal, permitiendo que los desarrolladores obtuvieran el MIA en ¡tan solo 24 horas! En lugar de una evaluación rigurosa, propuso que los desarrolladores pagaran una compensación ambiental basada en el valor del proyecto, a través de una aportación de árboles… que ellos mismos definirían.
Nadie puede estar en contra de la agilización de trámites burocráticos, pero estas iniciativas, en medio de una crisis ambiental, son vistas con creciente preocupación por los ciudadanos.
Avalar un trámite municipal y estatal sí da pie a que se avance una obra. Lo que está en juego no es un trámite burocrático, sino la salud, la seguridad y el bienestar de quienes habitamos esta ciudad.
Como senador y como ciudadano, hago un llamado tanto al Gobierno Municipal como al Gobierno del Estado a escuchar a la gente, a transparentar sus intenciones y a no dar ni un paso atrás en los controles ambientales que tanto trabajo han costado construir. El desarrollo de Nuevo León debe ser sostenible; de lo contrario, la ciudad sufrirá aún más las consecuencias de años de decisiones equivocadas.
Monterrey merece crecer con orden, justicia ambiental y participación ciudadana real. No podemos hipotecar el futuro de nuestra ciudad en nombre de una eficiencia mal entendida.