En los últimos meses, la relación entre México y Estados Unidos ha ocupado un lugar central en el debate público.
Ambos países comparten más de 3,000 kilómetros de frontera, un intenso intercambio comercial y, también, desafíos comunes que no conocen límites geográficos. Entre ellos, uno destaca: la seguridad.
En las más altas instancias de los gobiernos mexicano y estadounidense, existe consenso en que la única manera de enfrentar a las organizaciones criminales y frenar el tráfico ilegal de drogas, armas y personas es mediante una coordinación más eficiente y efectiva.
Las amenazas son compartidas y, por lo tanto, la respuesta también debe serlo.
A lo largo de los últimos meses, figuras clave de la política estadounidense han reconocido el papel de México como socio estratégico. Desde Marco Rubio, secretario de Estado, hasta Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, e incluso el propio presidente Donald Trump, han señalado públicamente que la administración de Claudia Sheinbaum es un aliado indispensable para contener al crimen organizado.
Sin embargo, esta relación no ha estado exenta de tensiones. En ambos países persisten sectores políticos que, en lugar de apostar por la cooperación, impulsan narrativas y medidas que buscan subordinar a México.
Por increíble que parezca, hay voces que abiertamente proponen la intervención directa de fuerzas de seguridad estadounidenses en territorio nacional, bajo el argumento de combatir al narcotráfico. Tal postura es una amenaza directa a nuestra soberanía.
México no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, la subordinación como parte de su política exterior. Nuestra Constitución es clara: la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano.
Ya lo ha dicho la presidenta Sheinbaum: cooperación, sí; sumisión, no.
Nuestro país ha planteado la urgencia de frenar el tráfico ilegal de armas hacia México. Entre el 70% y el 90% de las armas de fuego que circulan en nuestro país provienen de territorio estadounidense. Detener su tráfico ilegal significa acabar con uno de los principales motores de la crisis de seguridad que enfrentamos.
La administración de Claudia Sheinbaum ha mostrado voluntad política para fortalecer los canales de cooperación con Estados Unidos. Reuniones de alto nivel, intercambio de información y operativos coordinados son hoy parte de una agenda común que busca resultados concretos.
Ese esfuerzo solo será sostenible si se mantiene sobre la base del respeto mutuo. México debe ser un socio en igualdad de condiciones, no un subordinado que recibe órdenes.
Por eso, es vital reafirmar una y otra vez que la coordinación binacional debe darse desde la cooperación, nunca desde la imposición.
Los retos que enfrentamos son grandes. Las organizaciones criminales no respetan fronteras, y los problemas que generan —violencia, corrupción, debilitamiento institucional— se extienden a ambos lados del Río Bravo. Enfrentarlos requiere inteligencia compartida, operativos conjuntos, intercambio de tecnología y, sobre todo, voluntad política.
La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad debe ser un camino de doble vía: tan importante es frenar el trasiego de drogas como cortar el flujo de armas. Y tan importante es fortalecer las instituciones mexicanas como garantizar que ningún país intervenga, militar o políticamente, en asuntos que corresponden exclusivamente a México.
Hoy más que nunca, debemos dejar claro que el futuro de la relación bilateral en materia de seguridad dependerá de que entendamos que la coordinación es posible y necesaria, pero la subordinación no es ni posible ni aceptable.
Solo así podremos enfrentar juntos a quienes amenazan la paz de nuestras comunidades, sin sacrificar la independencia y la dignidad de nuestra nación.