En los últimos días, el caso de Nancy Villarreal ha conmovido e indignado a la opinión pública.
Nancy es madre de una niña con autismo en Nuevo León, quien lleva meses intentando acceder a uno de los derechos más básicos y fundamentales que reconoce nuestra Constitución: el derecho a la educación.
Su historia se ha vuelto viral porque refleja que un acto de discriminación sucede también cuando las instituciones dejan de garantizar un derecho.
En un estado que presume de modernidad, de ser un motor económico y un referente en innovación, como Nuevo León, resulta inaceptable que una niña sea excluida del sistema educativo simplemente porque las escuelas no cuentan con infraestructura, personal o protocolos adecuados para recibir a niños y niñas con autismo.
La omisión, la indiferencia institucional, también es una forma de exclusión. Y esa exclusión tiene nombre: discriminación por omisión.
Desde el Senado de la República, presenté una iniciativa precisamente para combatir este tipo de injusticias. Propuse reformar el artículo primero de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el fin de reconocer y definir jurídicamente la discriminación por omisión.
Esta figura es importante porque busca visibilizar que, en el momento en que una autoridad, por acción u omisión, deja de cumplir con una obligación establecida en la Constitución o en las leyes, se afecta el ejercicio de los derechos humanos de una persona o grupo.
Es decir, también se discrimina cuando no se actúa.
Cuando un gobierno no garantiza educación, salud o accesibilidad; cuando las instituciones no adaptan sus procedimientos a las necesidades de todas las personas; cuando la autoridad elige mirar hacia otro lado ante una injusticia que podría remediar, está ejerciendo una forma de violencia estructural.
En México hemos avanzado mucho en reconocer la igualdad, pero queda mucho por hacer aún.
Las leyes dicen que todos tenemos derecho a la educación, pero en la práctica, miles de niñas, niños y adolescentes con alguna condición, discapacidad o contexto sociocultural siguen siendo rechazados por el sistema.
Sea cual sea la razón dada, la Constitución es clara: los derechos deben garantizarse, bajo cualquier circunstancia.
Casos como el de Nancy y su hija evidencian que la decisión de no garantizar un derecho tiene consecuencias profundas, no solo individuales, sino también familiares. Es negarle a una niña la posibilidad de aprender, convivir, desarrollarse y construir un futuro. Es condenarla a la exclusión desde la infancia.
Pero también es poner en una posición injusta a sus padres y familia: ¿quién tendrá que asumir el rol del educador? ¿Qué sucede si sus padres tienen que trabajar?
Por eso, volveré a exigir que esta iniciativa se discuta y se apruebe de una vez por todas en el Senado.
No podemos seguir permitiendo que la omisión siga siendo invisible en nuestro marco legal.
Nombrarla es el primer paso para combatirla.
Tipificarla es reconocer que no basta con prometer derechos: hay que garantizar que existan los mecanismos y las condiciones para ejercerlos.
En mi trabajo legislativo he insistido en que las leyes deben servir a las personas, ponerlas en el centro.
A Nancy, a todas las madres y padres, a todas las personas que han sido afectadas por la discriminación por omisión, quiero decirles algo desde el corazón: no están solos. Su lucha es la lucha de todos los que creemos en un México más justo e incluyente, más justo y más digno.
El caso de Nancy debe servirnos para mirar más allá del escándalo viral y asumir una responsabilidad colectiva.
Desde mi trinchera, seguiré levantando la voz para que ninguna niña más sea privada de aprender por la indiferencia de las instituciones. Para que todas las personas vivan una vida sin discriminación