El Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial; con ello, se penaliza la utilización de marcas, imágenes y otras formas de identificar a políticos, partidos, gobernantes y más elementos o personajes vinculados al poder político.
No sólo será para uso de la política, pero en el entorno preelectoral se manejan las hipótesis de que la dedicatoria es contra las anticampañas, guerra sucia y la exhibición de los gobiernos con sus desaciertos.
La estrategia busca que no se usen elementos como ese filtrado sobre el uso de cannabis por parte de una persona del poder político en México (a cuidarnos de usar marcas y nombres). No diré quién es porque ustedes saben a quién se refieren.
Pretende inhibir, según los expertos, los golpes al partido hegemónico por las investigaciones en EUA contra Andy, Ruly, Addy y el entonces esposo de una gobernadora. Buscan blindar el periodo electoral de las exhibidas por los adversarios contra el partido en el poder y sus candidatos.
Más allá de especulaciones, la medida unilateral, de mayoriteo, sin consultar al pueblo bueno y sabio y que atenta contra la libertad de expresión, demuestra que pueden perder más espacios políticos en las próximas elecciones de los que ellos mismos admiten.
Cuando los argumentos acaban, la reacción de quien no tiene capacidad intelectual, argumentos, elementos de veracidad o forma de probar que lo dicho es falso, lo siguiente es el ataque, la ira, la descalificación al interlocutor, la violencia y, en los casos en que se puede, modificar leyes a modo para penalizar algunos momentos de libertad de expresión.
Desde el gobierno de “ya sabes quién”, la descalificación a los interlocutores divergentes fue ampliamente utilizada por las granjas de bots que operaban.
A los periodistas se les exhibe, se otorgan sus números telefónicos, direcciones y centros de trabajo, y se alienta al linchamiento público. Por supuesto que no es un linchamiento espontáneo, sino que es operado con grupos afines al poder.
En los debates de grupos en redes o WhatsApp vemos cómo, con recurrencia, los afines al poder hegemónico usan una estrategia de tres elementos: descalifican al interlocutor, recuerdan que antes estábamos peor (claro, no dicen en qué hemos mejorado, quizá porque estábamos mejor cuando estábamos peor) y hacen “bolita” contra la o las personas que disienten.
Las descalificaciones incluyen expresiones de descrédito, ironías, burlas, insultos y otras formas de amedrentar, ante las cuales la persona agredida, al ser un ciudadano no fanatizado o pagado, prefiere abandonar la trinchera.
Los morenos, que tienen poder para modificar a modo las leyes, están usando la misma estrategia de los chats. Advierten a periodistas, caricaturistas, moneros y los nuevos diseñadores de imágenes con recursos de la IA que pueden ser acreedores a una denuncia penal en donde su integridad y patrimonio vayan al caño por manifestar sus ideas.
La reforma del Senado puede ser inconstitucional. El artículo 7° advierte: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares…”.
El problema está al interpretar el artículo 6° constitucional: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público...”.
Al penalizar en la Ley de Propiedad Industrial, encuadra en el 6° constitucional.
¡Vivan la represión, la mordaza, la censura y caigan las libertades de pensamiento y expresión!