El 6 de diciembre de 1976, los principales diarios de la localidad publicaron amplios reportajes sobre esa jornada electoral, destacando un presunto fraude en Monterrey cometido por el partido en el gobierno. Entre las principales irregularidades denunciaron: casillas sin representantes de la oposición, aviadores con bultos de votos cruzados a favor del PRI, duplicidad de votos, cierre de casillas antes de la hora, impedimento para que votaran muchos ciudadanos por no aparecer sus nombres en el padrón, robo de urnas, negativa para que los representantes del PAN participaran en el cómputo de votos, entre otras. Los rotativos enfatizaron que, en los 13 municipios donde participaron candidatos de oposición, se registraron las anteriores irregularidades: Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Allende, Aramberri, Cerralvo, Hidalgo, Montemorelos, Doctor Arroyo, Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo y Zaragoza.
Pablo Emilio Madero, en conferencia de prensa, aseguró que en 423 casillas habían votado 55,789 por el PAN y 28,252 por el PRI. Insistió en que su partido había ganado los comicios a pesar de las arbitrariedades cometidas por los priistas. Explicó que fueron descubiertos delitos graves cometidos por militantes del PRI, que a toda costa pretendieron arrebatarle el triunfo. Indicó que, en diversas casillas electorales, fueron cometidos secuestros de ánforas, agresiones contra panistas y votaciones múltiples a favor del candidato priista. Apuntó que las maniobras del partido gobernante para impedir el triunfo panista habían iniciado “desde el momento en que el gobernador Zorrilla logró que se aprobara su proyecto de Ley Electoral Estatal”.
Por su parte, la dirigencia del PRI señaló que en 200 casillas habían votado 51,207 ciudadanos por su candidato y solamente 15,355 por el abanderado panista. Informaron que presentaron una queja ante la Comisión Municipal Electoral contra el candidato del PAN por cometer una serie de irregularidades en el acto electoral. “Las irregularidades las cometió Madero y sus partidarios al conminar a gran número de ciudadanos a que votaran por ellos utilizando porros para ello”, agregó César Santos.
Quien estaba seguro de haber resultado vencedor, señaló que, una vez que se ratificara su victoria, elaboraría su programa de trabajo para atender los servicios públicos como la limpieza, drenaje, alumbrado, pavimentación, escuelas, salud pública y transporte público. El gobernador Zorrilla reiteró que las acusaciones del PAN eran infundadas, que todo era “una inercia que se repite cada tres años”. Negó que en Nuevo León se hubiese cometido un fraude, “ya que él mismo había constatado en varias casillas el aforo de muchos ciudadanos que emitieron sus votos con todas las garantías en San Nicolás de los Garza, Monterrey y Garza García.”
El 7 de diciembre, representantes panistas de 40 colonias de Monterrey se presentaron en las instalaciones del periódico El Norte para protestar por las arbitrariedades cometidas durante las elecciones municipales. Destacaron que, ¿cómo era posible que César Santos se autonombrara alcalde electo de la ciudad, cuando la Junta Computadora todavía no daba el resultado final de los comicios? Manifestaron que no permitirían que el Gobierno siguiera jugando con ellos en las elecciones. “¿Para qué vamos a votar si siempre sale electo el que ordena el Gobernador? Nosotros no valemos, ¿o qué?” dijo uno de los presentes. Los manifestantes dijeron representar a las colonias Nueva Madero, Chepevera, Obrerista, Nuevo Repueblo, Alfonso Reyes, Centro, Mitras, Bernardo Reyes, Ferrocarrilera, Valle Verde, Niño Artillero, Pío X, Independencia, Vista Hermosa, San Ángel, Terminal, María Luisa, San Bernabé, Contry, Roma, Moderna, Vidriera, entre otras. Ese mismo día, en rueda de prensa, los candidatos panistas a las alcaldías de Monterrey, Garza García y Santa Catarina anunciaron que al día siguiente se entrevistarían con el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, en la ciudad de México. Según Madero Belden, quien había concertado la reunión, demandarían la anulación de las elecciones en Santa Catarina “por los flagrantes abusos y atropellos que se realizaron en esa entidad el día de los comicios. Queremos prevenir al Secretario de Gobernación de un posible fraude electoral que se está gestando en Monterrey y Garza García”, indicó.
El 8 de diciembre, el PAN y el PRI publicaron una inserción en los diarios locales dando cada uno sus cifras sobre la elección regia. El primero estableció que, de 416 casillas computadas, ellos obtuvieron 62,450 votos y el tricolor 32,784. En contraste, el segundo afirmó haber obtenido 112,434 sufragios por 36,620 de los panistas. Ese mismo día, a las 13 horas, en el Teatro Calderón, se reunieron los ciudadanos que supuestamente fungieron como presidentes de casillas con el propósito de integrar la H. Junta Computadora. La instalación de la misma resultó sorpresiva para la oposición, debido a que se había acordado que se integraría hasta el día 9 de diciembre. Dicha junta quedó integrada por el Prof. Leoncio Ortega, presidente; Lic. Ricardo F. de la Rosa, secretario; y, como escrutadores, los ingenieros Oziel Salinas Hinojosa y Gonzalo Ocañas. De acuerdo a su cómputo, el resultado de la elección había sido el siguiente: PRI 108,181 votos, PAN 70,857 y PARM 8,754, por lo que declararon triunfadora a la planilla encabezada por el priista César Santos Santos.
Al día siguiente, los medios locales manifestaron su descontento por los resultados oficiales de la elección del 5 de diciembre, argumentando que la declaratoria del presidente municipal electo era “la culminación de un proceso en el que las elecciones con menos votantes y, a la vez, más controvertidas que se recuerden no certifican la voluntad mayoritaria de la ciudad”. Un rotativo enfatizó que la asistencia a las urnas fue escasa: “aún cuando las cifras de la Junta Computadora fueran reales, solo el 47% del electorado de la ciudad habría votado, y el triunfador reuniría solo el escaso 30% del total del electorado, cociente que no honrará a ningún alcalde, pero que sí lo reduce a gobernar con escasa representatividad”. Agregó que el escrutinio fue antecedido de irregularidades, como la entrega el mismo domingo de las votaciones de nombramientos de representantes del PAN; además, no estaban convencidos de que los presidentes de casilla hubiesen asistido a la integración de la junta referida.
Todo indicaba que la responsabilidad recaería en el Congreso del Estado, órgano que estaría frente a un emplazamiento histórico para resolver una de las elecciones municipales más controvertidas de la historia política de Monterrey.