En Nuevo León, y en diversas entidades del país, las ciudadanas y los ciudadanos están cansados de cumplir puntualmente con los pagos de sus pólizas de seguro para que, al momento de enfrentar una contingencia real, las aseguradoras se nieguen a responder. Ha sido una queja constante en los últimos años: seguros de gastos médicos mayores o seguro de autos.
Sobre éstos últimos, bien recordarán que hace exactamente una semana hubo una manifestación pública en las calles de Monterrey, en la que un grupo de personas denunció el incumplimiento de pago por daños en sus vehículos.
En México, y en cualquier parte del mundo, la contratación de un seguro implica un costo monetario y una relación contractual que implica derechos y obligaciones de ambas partes, pero, sobre todo, certeza jurídica.
Cuando una de las partes incumple, existen leyes que regulan dichos incumplimientos. Sin embargo, lo que en realidad sucede es que, cuando las empresas incumplen, generalmente la ley no se cumple y la ciudadanía queda en estado de indefensión.
Eso me parece inaceptable. Ya sea dentro de un hospital o en un accidente vial, me parece que estos abusos no pueden seguir normalizándose. Por ello, un día después de esta manifestación, presenté en el Senado de la República un Punto de Acuerdo con dos objetivos precisos: primero, exhortar a la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que informe si estas compañías cuentan con la solvencia financiera necesaria para cumplir con los pagos que se derivan de sus propias obligaciones contractuales.
En segundo lugar, exhortar a la CONDUSEF para que atienda de manera prioritaria y expedita las quejas presentadas por las personas afectadas y que, de ser necesario, emprenda acciones legales que garanticen el cumplimiento de la ley.
Las instituciones existen para proteger a la ciudadanía, no para observar pasivamente cómo se vulneran sus derechos.
Lo que hoy está ocurriendo con las aseguradoras debe llamar la atención de todos los sectores. No se trata de casos aislados. Yo mismo he denunciado un patrón de abuso y discrecionalidad en distintos sectores. Lo anterior vulnera la consolidación de normas regulatorias y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Ningún gobierno puede permitir que, mientras la ciudadanía cumple con sus obligaciones económicas y legales, existan empresas que interpreten las leyes a su conveniencia y condicionen la reparación del daño.
Mi respaldo a quienes han protestado es absoluto, y mi acompañamiento será permanente dentro de los límites institucionales y parlamentarios que me corresponden.
Lo he dicho antes: no se trata de confrontar por confrontar; se trata de garantizar que el respeto a la ley sea real y que exista responsabilidad frente al abuso.
Desde el Senado seguiré impulsando mecanismos legales, regulatorios y de supervisión que protejan a las y los usuarios del sistema asegurador y que garanticen certeza.
Lo hago con la convicción de que esta es la función esencial de quien representa al pueblo: asegurar que se respeten derechos, que haya estándares claros y que nadie —ni particular, ni empresa o institución— esté por encima de la ley.
Invito a quienes han enfrentado este tipo de casos a compartir información, testimonios y documentación. Mi oficina de enlace, mis redes sociales y mis vías de contacto están abiertas para recibirlos y acompañarlos.
En México, la justicia no puede depender de la discreción y conveniencia de unos cuantos, sino de la vigencia plena de la ley como garantía para todas y todos.