Después de librar una serie de obstáculos para llegar a la gubernatura de Nuevo León, el 5 de febrero de 1921, Juan M. García asumió la jefatura del gobierno estatal. Siete meses después, el 16 de septiembre de ese año, presentó ante el Congreso local su primer informe, destacando los aspectos de su corta administración. Veámoslo a continuación.
En materia de seguridad, resaltó que, a pesar de no existir movimientos rebeldes en contra del gobierno, todavía quedaban pequeños grupos armados sin bandera política “que merodean por puntos del Estado donde la topografía del terreno les presta relativa seguridad”. Para reprimir los actos vandálicos, su administración organizó fuerzas rurales –con personas de su entera confianza– en diversos puntos de la entidad, con la colaboración de las fuerzas federales, de tal manera que las partidas “de falsos rebeldes no cuentan ya con elementos…y tienden a desaparecer por completo”.
Una cuestión que amenazó la salud pública durante este periodo fue la aparición de la peste bubónica en el puerto de Tampico y sus zonas adyacentes. Dada la intensa relación económica entre las poblaciones, el Consejo de Salubridad Estatal organizó de inmediato una junta integrada por el gobernador —como presidente de este organismo—, el jefe de las operaciones militares en el estado, el alcalde de Monterrey y el presidente de la Cámara de Comercio, para establecer un cordón sanitario que detuviera la intromisión a Nuevo León de personas y mercancías procedentes de la zona infestada. Para poder ingresar, debían sujetarse a una serie de medidas preventivas, como la fumigación de los trenes y la instalación de un lazareto en la estación Benítez, cerca de Linares, Nuevo León, para contener a las personas provenientes de Tamaulipas y supervisar su estado de salud. A pesar de la precariedad del erario, se destinó un presupuesto mensual de $1,315 pesos para el pago del personal y los gastos para la adquisición de enseres y medicamentos.
En cuanto a la atención brindada por el Hospital González —principal hospital para la atención médica de la población de bajos recursos—, refirió la inversión en mejoras por $7,763.70. El director del hospital se encontraba en la capital de la República adquiriendo un moderno aparato de Rayos X con valor de $8,000. Durante el lapso que abarcó este informe, se atendieron 790 enfermos; en el laboratorio antirrábico se inyectó a 85 personas, de las cuales a más de la mitad no se les cobró el servicio. En el departamento de vacunación se trataron 2,815 niños y se mantuvo una intensa campaña contra la viruela en todas las localidades de la entidad. Subrayó la eficacia de las intervenciones quirúrgicas practicadas: de 70 operaciones, solamente dos “fueron con mal resultado”.
Para acrecentar los recursos de este rubro y el de educación, el gobernador destacó la participación de un grupo de personas en la realización de una serie de festejos para allegar fondos y resolver las necesidades más crecientes. Señaló que se logró la recaudación de más de $8,000, suma que se depositó en una institución bancaria de la ciudad.
Respecto a los servicios públicos suministrados a la capital del estado, se informó que se estuvo llevando a cabo el proyecto para alumbrar y pavimentar las calzadas Madero y Pino Suárez, al cual se sumaron empresas de la localidad, como la Fundidora Monterrey, que obsequió 100 elegantes arbotantes para el alumbrado público de dichas calzadas. Lamentablemente, por razones económicas, el plan de pavimentación y alumbrado no se pudo extender a otros confines de la ciudad.
Un problema que se venía padeciendo localmente desde años atrás era la negligencia de la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz, empresa canadiense con la que el gobierno estatal había celebrado un contrato-concesión para el suministro de energía eléctrica y transporte de personas. Entre las cláusulas que el gobernador exigía se cumplieran debidamente, destacan: el restablecimiento del servicio de segunda clase en los tranvías —el cual se había abolido— y que se cobrara el servicio de luz incandescente “con apego a las estipulaciones del mismo contrato”. Aunque no ofrece detalles sobre el costo de estos servicios, queda claro que estas inobservancias afectó severamente los bolsillos de la población de escasos recursos. Sin ofrecer detalles, García señaló que, mientras se definen –suponemos que en los tribunales– “con toda exactitud los derechos y obligaciones de los contratantes, se concretó un convenio provisional que durará en vigor hasta el día último de octubre próximo venidero”. Tampoco aclaró si las tarifas bajaron o si se restableció el servicio de segunda clase en los tranvías, pero todo indica que se subsanó momentáneamente el mal servicio de la empresa.
Las tarifas cobradas en Monterrey eran 50% más altas que las aprobadas en las ciudades norteamericanas, a pesar de que los jornales pagados en la capital regia representaban una tercera parte de lo que percibía, como mínimo, el trabajador estadounidense. Los insumos adquiridos en la localidad valían la mitad de lo que costaban allá, y el agua utilizada por la empresa no le costaba ni un centavo. Estas ganancias la empresa canadiense las defendería a capa y espada, por lo que en los meses venideros se vislumbraba un fuerte conflicto en el que una de las partes saldría severamente dañada. Veremos.