Desde inicios de este año, el sistema de denuncia virtual de la Fiscalía General de Nuevo León no funciona.
La herramienta que fue creada para facilitar el acceso a la justicia, para reducir barreras, para proteger a las víctimas y acercar la institución a la ciudadanía, hoy está haciendo exactamente lo contrario: está cerrando la puerta de la justicia.
Lo más preocupante es que, de acuerdo con información publicada por diversos medios, esta falla pudo haberse evitado. Desde finales de 2025, fuentes entrevistadas por distintos medios de comunicación, expusieron que se había advertido que la plataforma estaba al límite de su capacidad.
Se sabía que el sistema no resistiría el volumen de denuncias si no se llevaba a cabo el mantenimiento necesario al sistema. Aun así, no se tomaron las decisiones necesarias para prevenir el colapso.
Aquí hay un punto que no podemos ignorar. Si el sistema colapsó por el alto volumen de denuncias, eso nos habla de dos realidades simultáneas.
La primera, profundamente alarmante: hay delitos ocurriendo, muchos, y de manera constante en Nuevo León. Sería interesante conocer cuáles son esos delitos denunciados a través de la ventanilla virtual, pues un día que falle la plataforma, es un día en el que las víctimas no pueden iniciar un proceso de justicia.
Por otro lado, el colapso demuestra algo que no debe minimizarse y que es profundamente positivo: hay ciudadanía que confía en denunciar, que cree que acudir a la Fiscalía sirve, y que usar una plataforma institucional vale la pena.
Esa confianza no podemos darla por sentada. En nuestro país la credibilidad en el sistema de justicia es frágil. Por ello, una falla como esta puede romperla, o al menos, lastimarla.
No es la primera vez que ocurre. En agosto de 2025, el sistema de denuncia virtual ya había presentado fallas graves que impidieron, por ejemplo, que una ciudadana denunciara penalmente a su agresor. Hoy, meses después, la historia se repite.
La Fiscalía ha respondido ofreciendo “alternativas temporales”: acudir de manera presencial o llamar a un número telefónico para recibir orientación. Pero quienes toman estas decisiones parecen olvidar una realidad elemental: no todas las víctimas pueden trasladarse, no todas pueden exponerse, no todas tienen tiempo, recursos o condiciones de seguridad para presentarse físicamente ante una oficina del Estado.
Para muchas personas, especialmente mujeres, personas víctimas de violencia, trabajadores con jornadas extensas o habitantes de zonas alejadas, la denuncia virtual es la única opción viable. Cancelarla de facto es excluirlas del sistema de justicia.
Por eso insisto en que el costo de esta falla no es técnico ni administrativo, sino que implica fallarle a las víctimas de Nuevo Leon.
Es decirle a quien se armó de valor para denunciar que “regrese después”, que “espere”, que “busque otra forma”.
En un estado donde la violencia es una realidad cotidiana, ese mensaje es profundamente irresponsable.
La Fiscalía General del Estado tiene la obligación urgente de restablecer el sistema, de garantizar que funcione de manera estable y permanente, y de asegurar que algo así no vuelva a ocurrir. Pero también tiene la obligación de rendir cuentas: explicar qué pasó, por qué no se actuó a tiempo y quién fue responsable de no atender las alertas.
La justicia no puede depender de plataformas improvisadas ni de soluciones temporales. Si queremos combatir la impunidad, debemos empezar por no fallarle a las víctimas. Cada vez que una institución encargada de procurar justicia falla se erosiona la confianza ciudadana.
Perder la confianza es mucho más fácil que ganarla, sobre todo cuando sabemos que el error pudo haberse prevenido.
Como Senador y como ciudadano de Nuevo León, no puedo normalizar que la Fiscalía falle una y otra vez. La justicia debe estar disponible siempre, especialmente cuando más se necesita.
Desde hace algunas semanas, lamentablemente, no lo está.