Entre los muchos logros incuestionables de la Cuarta Transformación está la estrategia de seguridad que se ha impulsado. De manera histórica, los homicidios dolosos se han contenido y comenzado a disminuir, mientras que otros delitos de alto impacto también se han reducido significativamente.
Sin embargo, la seguridad de nuestro país aún enfrenta retos importantes. Quizá el más complejo y persistente es la extorsión, un delito que no solo lastima la economía, sino que hiere directamente la tranquilidad de las familias y comunidades.
La extorsión es especialmente delicada porque condiciona la actividad productiva, paraliza pequeños negocios, amenaza a transportistas y comerciantes, y profundiza el miedo como mecanismo de control social. Es, además, uno de los delitos con mayor cifra negra, ya que muchas víctimas optan por no denunciar ante el temor de represalias o por la desconfianza histórica hacia las autoridades.
Con el reconocimiento de su persistencia y el compromiso de pacificar al país, desde el Senado de la República aprobamos, a inicios de noviembre, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La ley es una respuesta contundente del estado mexicano frente a uno de los delitos más extendidos y dañinos del país.
La nueva ley establece un tipo penal uniforme en toda la república, aumenta las penas y garantiza que la extorsión sea investigada y perseguida de oficio. También endurece penas para servidores públicos que omitan denunciar actos de corrupción vinculados con este delito, con el objetivo de acabar con la complicidad entre autoridades y delincuentes.
Asimismo, crea el Centro Nacional de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, que permitirá fortalecer la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios. La norma también obliga a los centros penitenciarios a bloquear llamadas desde el interior de las cárceles, donde operan muchas redes criminales, algo que ha sido solicitado de forma urgente por los gobernadores de distintas entidades de la república, como es el caso de Nuevo León.
Dicha ley es especialmente importante para nuestro estado, que lamentablemente es una de las entidades que más ha padecido la presión criminal por cobro de piso, extorsión telefónica y hostigamiento a transportistas, comerciantes y empresarios.
Así, el gobierno federal ya ha comenzado a hacer la tarea y el Senado de la República ha cumplido con su responsabilidad. La nueva ley brinda a las autoridades locales un marco nacional sólido, mecanismos de inteligencia compartidos y una estrategia integral de atención a víctimas y prevención del delito.
Ahora le toca a los estados.
El acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública establece que los gobernadores deben presentar ante los Congresos locales las reformas necesarias para armonizar su legislación con la nueva ley de extorsión antes del 30 de enero. Más que un plazo administrativo, es un compromiso con la seguridad de la ciudadanía que no debe pasarse por alto.
En Nuevo León, el contexto político vuelve a ser complejo. La discusión del Presupuesto 2026 —o, más bien, la falta de ella— ha detenido la aprobación de otras iniciativas. El escenario para el próximo año no augura una tregua entre PRIAN y MC. Pero esto no puede, ni debe, ocurrir con la nueva ley de extorsión.
Desde la Cuarta Transformación siempre hemos establecido que la seguridad no admite regateos políticos ni cálculos partidistas.
Es indispensable que el gobernador presente de inmediato las reformas necesarias y que el Congreso del estado las discuta y apruebe con responsabilidad y altura de miras.
Con la seguridad de las y los neoleoneses no se juega.
La extorsión debe enfrentarse con la misma decisión, coordinación y voluntad política que ha demostrado el gobierno federal, porque garantizar la paz es la obligación más básica del estado.