En los comicios del 31 de julio de 1927 para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León, se destacó la contienda por la gubernatura entre Aarón Sáenz Garza por los Partidos Unidos, contra Hilario Martínez, del Partido Popular Antirreeleccionista. El entonces alcalde de Monterrey, Jesús María Salinas Jr., para evitar la apatía electoral, tuvo la ocurrencia de prohibir que los hombres mayores de edad —las mujeres todavía no tenían derecho a votar ni ser votadas—salieran de la ciudad durante ese día, además de restringirles el acceso a espacios de diversión si antes no demostraban haber ido a votar, causando revuelo entre la comunidad. Veámoslo a continuación.
El 29 de julio de ese año, el ayuntamiento de Monterrey publicó un aviso en El Porvenir, donde informó haber ordenado “a todos los propietarios o administradores de centros de espectáculos y diversiones que no podrán penetrar en ellos ningún individuo varón sino después de las 17 horas y en el día citado; no sólo quedan suspendidos los juegos deportivos en los lugares acostumbrados, sino que de las excursiones o días de campo sólo podrán acompañarse las familias con una persona de aquel sexo, con objeto de que todos, en su carácter de ciudadanos nuevoleoneses, concurran a las casillas electorales a ejercitar su derecho cívico”. Firmaron el presidente municipal, Jesús M. Salinas Jr., y el secretario, F. Martínez Pérez.
Al día siguiente se corroboró la indicación para suspender los eventos deportivos cuando se anunció en el mismo rotativo de que “por ser día de elecciones, la práctica de waterpolo que se había anunciado para al domingo queda en suspenso hasta el siguiente domingo”. Aunque no se refiere explícitamente la prohibición de que los ciudadanos salieran de la ciudad sin presentar una comprobación de haber sufragado, por lo vertido posteriormente en la prensa, quedó en evidencia tal restricción.
El 1 de agosto, en la editorial del matutino referido, se criticó severamente la orden del alcalde: “no obstante el derecho inalienable… que tienen los ciudadanos para movilizarse sin requisito alguno y sin pasaporte de ninguna especie. (…) Sin embargo, al señor alcalde se le ocurrió detener el disfrute de las delicias del campo, a que por los rigores del clima resultan aficionados los regiomontanos, a pretexto de las elecciones, impidiendo que ciudadano alguno abandonase la ciudad sin haber ejercitado el sagradísimo derecho estéril e inútil de votar. Desde la Revolución Francesa (…), la evolución de la humanidad no nos había regalado con un nuevo y afortunado concepto sobre el principio de autoridad o sobre los derechos del hombre. Sin embargo, en Monterrey aquellas doctrinas han quedado modificadas de golpe y porrazo, porque impedir que los ciudadanos hagan de sus libertades el uso legal que les corresponde, como se pretendió efectuarlo ayer impidiendo la salida al campo de quienes tienen costumbre de hacerlo, es tanto como fundar nuevas modalidades de aquellos conceptos a que nos referimos y subvertir toda la preciosa legislación y toda la literatura política que nos ha legado la inmortal Revolución Francesa.” Se consideró una señal de efectos deplorables, por parte de las autoridades.
Ese mismo día se publicó una carta enviada al alcalde regiomontano, donde se le imputaba: “Podría decirnos la primera autoridad municipal en qué preceptos constitucionales se apoya para impedir que los ciudadanos que lo deseen salgan fuera de la ciudad cómo y cuándo les acomode, y que les sea prohibida la entrada a los teatros cuando han cumplido con los requisitos que el empresario demanda. Podrá decirnos ¿si los mandatarios han sido instruidos para respetar la Constitución, o para olvidarla y conculcarla? No sabemos hasta qué punto fue aplicada la admonición del señor presidente municipal, y si, como lo amenazó, hizo vigilar las salidas de la población para mantener en este pequeño infierno dantesco a los desdichados regiomontanos que no tienen pecados que purgar con aquellas improvisadas horcas cautivas del sufragio”.
En la crónica del día de las elecciones se destacó que, a pesar de que imperó el abstencionismo en varias municipalidades, en algunas casillas de Monterrey se observó concurrencia, “debido a las medidas dictadas por el alcalde de la ciudad para obligar a los ciudadanos a que se presentaran a votar, y consistía en impedir que se salieran de la ciudad sin presentar una comprobación de haber sufragado, así como no poder concurrir a cines y demás diversiones sin el mismo requisito (…) pues se vio que muchos ciudadanos que desconocían hasta la forma de emitir su voto, en esta ocasión se presentarán”.
El autoritarismo evidente de los gobiernos posrevolucionarios no tuvo límites: buscó por todos los medios permanecer en el poder, en este caso, obligando a la ciudadanía a ejercer el voto.