La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 435/2025 no es un episodio más en la larga disputa política de Tamaulipas.
Es, si se ejecuta con rigor, el punto de quiebre entre el discurso de la transformación y la prueba de fuego del Estado mexicano frente a un exgobernador acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La unanimidad con la que los ministros negaron el amparo a Francisco “N” desmonta la narrativa de persecución y devuelve el caso al terreno donde siempre debió estar: el de los hechos y las responsabilidades penales.
María Guadalupe Gómez Núñez, dirigente estatal de Morena, celebra con razón la vigencia de la orden de captura y el fin de la suspensión que lo mantenía a resguardo jurídico; sin embargo, la euforia partidista corre el riesgo de confundir justicia con victoria política.
El fallo no condena, no sentencia, no clausura el proceso: simplemente despeja el camino para que la Fiscalía actúe sin pretextos y solicite la reactivación de la ficha roja ante la Interpol, además de gestionar ante el gobierno de Estados Unidos la detención con fines de extradición.
Ahí está el punto ciego: durante años se prometió que nadie estaría por encima de la ley, pero la eficacia del sistema no se mide en comunicados ni en concentraciones en Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico o Ciudad Victoria, sino en la capacidad institucional para traer al imputado ante un juez.
Si la orden se ejecuta, Morena podrá hablar de congruencia; si no, la justicia volverá a ser rehén de la retórica.
FRONTERA NORTE Y LA PRUEBA DE REALIDAD
El encuentro de alcaldes fronterizos en Nuevo Laredo fue presentado como un parteaguas, una demostración de músculo político en la línea que divide y conecta a México con Estados Unidos, pero toda cumbre que se presume histórica merece una pregunta incómoda: ¿estamos frente a una agenda estructurada o ante otro ejercicio de entusiasmo institucional que se diluye cuando regresan los problemas cotidianos?
La designación de Carmen Lilia Canturosas Villarreal como coordinadora nacional de los municipios fronterizos no es un gesto menor; proyecta liderazgo y reconoce una visión integradora que intenta articular seguridad, desarrollo económico e interlocución binacional en una sola mesa. Sin embargo, la frontera no se gobierna con simbolismos sino con resultados, y ahí es donde la narrativa oficial comienza a crujir. Se habló de doble responsabilidad, de cooperación transversal y de intercambio de buenas prácticas, pero poco se detalló sobre metas verificables, presupuestos alineados o mecanismos de evaluación pública.
La frontera norte no es únicamente comercio y aduanas dinámicas; es violencia que muta, migración que presiona servicios locales y municipios que operan con márgenes fiscales estrechos mientras cargan con desafíos federales.
Coordinar estrategias sin una política clara de seguridad e infraestructura corre el riesgo de convertirse en una cortesía política más que en una transformación real. Si esta nueva etapa aspira a ser algo más que una fotografía de unidad, deberá traducirse en indicadores comunes, transparencia presupuestaria y compromisos medibles.
Porque en la frontera el discurso dura un día, pero la realidad exige respuestas todos los días.
¡¡Yássas!!