Esta que ha sido una de las causas en las que por muchos años hemos realizado esfuerzos para que deje de ser sólo discurso de buenas intenciones y se convierta en una forma de vida para los que aquí vivimos, me refiero a toda la República. Siendo ciudadano y dirigente de organismos de la sociedad civil, como presidente de Vertebra NL, así como de Fortaleza Ciudadana, denuncié y también participé con mucho entusiasmo en diversas actividades en contra de este flagelo social.
Recuerdo algunos encontronazos mediáticos con el entonces zar Anticorrupción, el abogado Ernesto Canales Santos, quien fue subprocurador Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos; lamentablemente, siendo él quien debía perseguir los delitos, más adelante lo persiguieron a él, pero eso es otra historia.
Decía que participé en un grupo plural integrado por asociaciones y organismos ciudadanos, cámaras empresariales, instituciones académicas, colegios de profesionistas y de abogados, así como por ciudadanos distinguidos; a ese grupo se le denominó Coalición Anticorrupción. Cabe señalar que no tenía estructura, ni mandos.
Tuvo miembros muy distinguidos, entre nosotros la hoy ministra Margarita Ríos Farjat –ruego una disculpa al talento que formó este grupo por la falta de espacio para nombrarlos a todos–. En este grupo tuvimos muchas reuniones de trabajo para ponernos de acuerdo en cuáles eran los objetivos que seguíamos y cómo esperábamos construir lo que fuera considerado como el mejor sistema anticorrupción estatal de México.
Luego, el mismo equipo tuvo también reuniones de trabajo con los diputados que formaban parte de la 74 legislatura, con ellos y sus asesores estuvimos repasando la construcción de la reforma constitucional que diera cabida al Sistema Estatal Anticorrupción, luego la ley del sistema, así como las leyes que complementan, como la orgánica de la fiscalía. Cuando se aprobó el último de mayo de 2017 festejamos como un gran logro que se incluyera a los ciudadanos en los procesos y para ello se creó un Comité de Acompañamiento y luego uno de selección, en el primero los integrantes acompañaron a los legisladores para encontrar las mejores y más confiables personas a quienes se le pudiera encargar el proceso de revisar los perfiles y presentar las mejores opciones para los cargos de fiscales General, Anticorrupción y de Delitos Electorales.
Tuve el privilegio de ser designado uno de los nueve primeros miembros del Comité de Selección del Sistema Estatal. Este comité participó en la selección de los primeros fiscales autónomos, también en la selección del magistrado de responsabilidades administrativas en conjunto con el Congreso. Luego, como parte de las atribuciones exclusivas del comité se seleccionó y designó a los primeros cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, estos últimos formarían parte del Comité Coordinador del Sistema donde también participan otras figuras importantes para formar un conjunto que se debe entender como el Sistema Estatal Anticorrupción.
Para el auxilio de las funciones se creó un Secretariado Ejecutivo y se dotó de instalaciones, materiales y herramientas para avanzar en la cultura de los valores que prevengan las conductas antisociales que luego encuadran en los delitos que cometen tanto los servidores públicos como sus contrapartes de los privados.
El sistema tiene oportunidades de mejora y para ese efecto presenté una iniciativa de reforma para buscar hacer un sistema más práctico y funcional; por ejemplo, el grupo de acompañamiento técnico fue muy útil la primera vez, pero su función se concreta y termina al encontrar a los miembros del Comité de Selección, que, dicho sea de paso, es importante que los miembros actuales tengan conciencia de que son servidores públicos honoríficos y se les considera auxiliares del Congreso; esto es muy relevante y así lo ha dejado ver la autoridad jurisdiccional federal.
Está abierto el proceso de búsqueda de quien se haga cargo de esta importante posición, alguien con toda objetividad, sin militancia partidista, con la experiencia en los temas de corrupción, rendición de cuentas y transparencia, para encabezar los esfuerzos de investigar los hechos de toda denuncia de este tipo de delitos y llegar a las consecuencias que la ley prevé, buscando desde luego resarcir el patrimonio del estado a las arcas correspondientes.
Debemos tener un fiscal que sea capaz de dar resultados e informar a la sociedad de éstos, pero también que pueda articular las acciones para integrar las carpetas con los elementos que generen convicción en el órgano jurisdiccional. Estoy dispuesto y me pongo a disposición de mi estado para esta encomienda.
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