En el Congreso de Nuevo León las fichas se mueven una y otra vez, pero el resultado termina igual: con un equilibrio precario que nadie controla del todo y que, en el supuesto y remoto caso del juicio político contra el gobernador Samuel García, sigue siendo insuficiente. Así se quedará, por lo visto.
Durante semanas, Movimiento Ciudadano capitalizó la fragmentación de Morena. Diputados que llegaron con la marca guinda —Berenice Martínez, Brenda Velázquez, Mario Soto, Francisco del Bosque, entre otros— emigraron a la bancada naranja.
La bancada de Morena quedó reducida a cinco legisladores y MC se consolidó como la fracción más numerosa.
Con más votos internos se obtiene la Cocri, el control de comisiones y, sobre todo, la capacidad de frenar o disolver el procedimiento de juicio político y de condicionar el paquete fiscal de 2027.
La respuesta del PRI y el PAN fue tan inmediata como —a mi juicio— innecesaria.
El pasado 9 de noviembre, 17 diputados de ambos partidos abandonaron sus bancadas para constituir el grupo parlamentario independiente “Recuperemos Nuevo León”. Como se sabe, es coordinado por Lorena de la Garza.
Dejaron dos escaños residuales en cada partido para preservar la representación jurídica. La idea suya es aparentemente defender la autonomía del Congreso y el freno a un Ejecutivo que, según ellos, busca un Legislativo a modo.
En realidad, es un duelo de poder. O, más que un duelo, una pelea campal.
MC amenazaba con quedarse con el control interno.
La composición legislativa queda así: Recuperemos Nuevo León, con 17; MC, con 13; Morena, con cinco; y el resto repartido entre el PRI residual (dos), el PAN residual (dos), el Verde, el PT y un independiente.
Ojo: la suma de los dos residuales más el bloque de 17 dan 21 votos. Incluso con alianza de Morena —escenario fantasioso— se llega a 26.
La mayoría calificada que exige el Pleno para la etapa decisiva del juicio político es de 28 de 42. Dicho de otra manera, no les alcanza.
A esto se añade el blindaje judicial. La suspensión concedida en la controversia constitucional que García presentó ante la Suprema Corte impide que el Congreso ejecute una eventual destitución o inhabilitación.
El análisis de esa medida se ha aplazado en la Corte, lo que prolonga la protección del gobernador hasta el final de su mandato.
Lo único que sí puede conseguir el bloque “pripanista” es conservar la Cocri y poco más.
¿Y MC? Mantiene diputados suficientes para negociar, bloquear o dilatar cualquier negociación extrema.
Y Morena queda en una posición de bisagra debilitada y dividida, como lo demostraron las votaciones de la Comisión Anticorrupción.
Por lo visto, en esta riña lo que menos se respeta son las reglas de defender una ideología.
Se trata de una carrera de chapulines y de ingenierías parlamentarias para controlar el órgano que puede, o no, pedir cuentas al Ejecutivo y decidir el dinero del año electoral. Pero no más.