Durante años, en México se normalizó una idea profundamente injusta: que la vivienda debía regirse exclusivamente por las reglas del mercado. Bajo esa lógica, el Estado mexicano dejó de garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible. Es decir, el derecho al acceso a un hogar dejó de ser una prioridad pública y se convirtió en un privilegio para unos cuantos.
Las consecuencias de esa decisión las vemos hoy con toda claridad: casas impagables, fraccionamientos construidos lejos de los centros de trabajo, comunidades sin transporte, sin servicios básicos y un rezago histórico que ha golpeado con mayor fuerza a las y los trabajadores, a las juventudes y a la clase media.
La crisis de vivienda no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de políticas que abandonaron el enfoque social y dejaron el desarrollo urbano en manos de la especulación. Miles de familias trabajadoras fueron empujadas a aceptar viviendas mal ubicadas, pequeñas, mal construidas y, en muchos casos, condenadas al abandono.
El país pagó caro esa decisión: hoy enfrentamos ciudades fragmentadas, desigualdad territorial y cientos de miles de viviendas vacías que no cumplen su función social.
Frente a ese panorama, la Cuarta Transformación inició un cambio de rumbo. Primero, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, se impulsó una Política Nacional de Vivienda que recupera una premisa básica: la vivienda es un derecho humano y una responsabilidad del Estado.
No se trata sólo de construir casas, sino de garantizar condiciones de vida dignas, cercanas a los servicios, al empleo y a las oportunidades.
Este nuevo enfoque ha fortalecido instituciones clave como el Infonavit, ampliando el acceso a créditos más justos, programas de rehabilitación y esquemas que priorizan a quienes históricamente fueron excluidos del mercado inmobiliario.
Así se ha hecho. Tan sólo en 2025 se construyeron 393,686 viviendas en todo el país, beneficiando a más de 1.4 millones de personas. Para 2026, se prevé la edificación de 400,000 viviendas adicionales, una cifra sin precedentes.
Además, esta política incorpora mecanismos fundamentales como la garantía de suelo accesible, modelos de autoproducción y financiamiento equitativo, permitiendo que las familias no sólo adquieran una casa, sino que construyan un patrimonio.
En Nuevo León, este tema adquiere una dimensión urgente. Nuestro estado enfrenta una paradoja dolorosa: entre 300,000 y 400,000 viviendas abandonadas, al mismo tiempo que persiste un rezago cercano a las 200,000 viviendas sociales. Casas vacías por falta de servicios o mala ubicación conviven con miles de familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada.
El anuncio de la construcción de 55,000 viviendas destinadas a familias con ingresos de uno a dos salarios mínimos en 23 municipios representa un avance importante. Sin embargo, este esfuerzo federal debe ir acompañado de una política estatal y municipal seria, responsable y comprometida con la planeación urbana, la regulación del suelo y la promoción de vivienda verdaderamente accesible.
La vivienda asequible es, quizás, una de las acciones más urgentes para Nuevo León. Es una condición indispensable para reducir la desigualdad, fortalecer el tejido social y garantizar el derecho a la ciudad en una metrópoli que crece como la nuestra. Asumirla como prioridad pública es una decisión política que define el rumbo de un país.
La Cuarta Transformación lo ha entendido: poner la vivienda en el centro es poner a las personas en el centro. Hacer efectivo este derecho implica no sólo la coordinación entre órdenes de gobierno, sino la voluntad política de tener una visión de largo plazo que ponga el interés público por encima de la especulación.
Sólo así la vivienda dejará de ser un problema y se convertirá en la base de un desarrollo más justo.