Los políticos creen que con los recursos públicos puedan hacer y deshacer lo que mejor les plazca; igual pueden imponer severas medidas a la mayoría de los contribuyentes que mostrarse benignos con unos cuantos. El pasado 20 de noviembre, los funcionarios Javier Luis Navarro Velasco y Carlos Alberto Garza Ibarra, encargado del Despacho y secretario de Finanzas, respectivamente, acudieron al Congreso del estado a presentar parte del Paquete Fiscal para el año 2024, destacando algunos puntos que sugieren un trato preferente, veámoslo a continuación.
El gobierno del estado emitió un comunicado en donde resalta: “se implementarán algunas acciones o medidas administrativas en materia de ingresos, con el fin de eficientizar la recaudación y generar $1,375 millones de pesos adicionales durante 2024”; con ello están avisando sus futuras acciones de intimidación hacia las empresas, en donde los inspectores acudirán impunemente a los negocios con la única finalidad de incrementar la contribución, perjudicando a la gente que genera empleo, pero seguirán siendo benévolos –inexplicablemente–con los dueños de los casinos.
El 24 de noviembre de 2022, el Ejecutivo estatal presentó a los diputados locales el Paquete Fiscal 2023, en donde sobresale el “derecho por máquinas casino”, mediante el cual se pretendía recaudar $385 mdp; pero en la iniciativa 2023 disminuyó a $185 mdp, una reducción de 51.9%, más aún, en el documento titulado “Clasificación por rubros de ingresos, ingreso recaudados 2022-2023” señala que en todos los 12 meses del año pasado se recaudaron por este rubro $198 mdp, pero en los primeros seis meses del año sólo llevaban $26 mdp, de seguir esta tendencia la recaudación por este rubro será de solamente $52 mdp.
Hay que decirlo claramente: el señor Garza Ibarra ha dejado de recaudar $330 mdp, que representan el 86.5%, lo preocupante es que una parte de este derecho está etiquetado a la seguridad de los municipios, esta generosidad es fruto de un acuerdo administrativo que emitió la administración estatal para no cobrarles esta contribución a los casinos, con la excusa de que es un sector al cual se debe de incentivar. Este cinismo rampante, así como la falta de empatía con los contribuyentes que hacen esfuerzos para cumplir con sus obligaciones fiscales no debe quedar en la impunidad; es necesario que el gobierno rinda cuentas claras por su sospechosismo recaudatorio.
Esta flagrante generosidad provoca muchas preguntas: ¿Por qué el gobierno impone una nueva contribución para no cobrarla? Ese dinero que se deja de recaudar ¿A dónde va? ¿Cómo quiere obligar a las empresas a que paguen más impuestos, mientras a los casinos se les descuentan? Si la seguridad es tan importante, ¿por qué los municipios están dejando de recibir dinero etiquetado para este rubro?
Un gobierno humanista se enfocaría a recaudar lo que dispone la ley, procurando ser solidarios con las personas que generan una importante derrama económica, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram se desentiende de la situación de la mayoría para beneficiar flagrantemente a una minoría.
Nuevo León requiere de un gobierno que sea parejo y transparente en el cobro de impuestos para disminuir la carga y apoyar a lo único importante: la gente.