Como pirañas saltaron todos los morenistas a defender a la presidenta y su llamada Ley Censura, que pretende limitar y controlar los contenidos de los medios de comunicación en radio, televisión e internet.
Con una notable doble moral, especialmente quienes han sido exhibidos por sus ineptitudes, presuntos actos de corrupción, excesos y demás “bondades” que caracterizan a la Cuarta Transformación, han salido a cerrar filas.
Mejía Berdeja, en su intento por capitalizar cualquier escándalo, asegura que los medios que han dado cuenta de sus presuntos vínculos con grupos delictivos en Acapulco mienten y, por lo tanto, no deberían tener derecho a difundir esa información.
Lo mismo ocurre con dirigentes morenistas, diputados y delegados. Si Américo Villarreal fue exhibido utilizando recursos públicos para impulsar a quien hoy es su esposa, entonces, según esta lógica, se trata de mentiras que la audiencia no tiene derecho a conocer.
Tampoco las presuntas corruptelas de los Flores en Múzquiz ni la supuesta participación del alcalde de Piedras Negras en negocios oscuros. Pareciera que consideran que la audiencia no es lo suficientemente capaz de procesar esa información por sí misma.
Todos son defensores recalcitrantes de sus propias versiones y, por ello, buscan seguir ocultando aquello que les incomoda detrás de las faldas de su presidenta.
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Tal como lo adelantamos hace algunos días en este mismo espacio, los cambios en algunas direcciones de Seguridad Pública municipal son inminentes.
El de General Cepeda ya ocurrió. Ahora existe un nuevo mando unificado. Esto, evidentemente, no forma parte de una estrategia municipal encabezada por la alcaldesa Mayra Ramos, sino de una decisión impulsada desde otras instancias del estado, donde al parecer existen indicios de que algunos mandos podrían estar relacionados con el tema del huachicol fiscal.
Antes de que las autoridades federales conviertan el asunto en un hervidero, parece que la apuesta es retirarlos del camino.
También dijimos que algo similar podría ocurrir en Parras, Arteaga y Ramos Arizpe, por lo que habrá que observar qué sucede en los próximos días.
Sobre este tema, habría que preguntarle al secretario Hugo Gutiérrez, aunque más bien parece que sigue instrucciones provenientes de las oficinas de la Fiscalía ubicadas en el Centro Metropolitano.
¿O no?
¡¡Yássas!!