Reclaman varios alcaldes del área metropolitana de Monterrey. Su protesta consiste en que el Gobierno del Estado les adeuda cientos de millones de pesos por obras viales, proyectos de infraestructura y recursos no ministrados.
Busqué al encargado del despacho de la Tesorería General del Estado, Ulises Carlin, para conocer su opinión técnica.
¿Es cierto lo que exigen los ediles? La posición de Ulises estriba en que no existen tales adeudos. Los pagos no fluyen automáticamente. Si falta la documentación que deben aportar los alcaldes, no se realizan.
Su postura responde a un contexto de tensiones políticas en el cierre del actual sexenio estatal.
Ediles como los de Monterrey y San Nicolás han llevado incluso a la Suprema Corte reclamos por una bolsa de $2,500 millones de pesos. ¿La principal queja? Promesas incumplidas y un “limbo jurídico” con obras a medias.
Sin embargo, Carlin rechaza que constituyan adeudos consolidados en los libros de la Tesorería.
¿En qué se basa? Veamos. La Tesorería publica de forma semestral los depósitos y transferencias realizadas a cada uno de los 51 municipios del estado.
Dichos reportes son públicos y cualquiera puede consultarlos. Alega Carlin que, si existieran adeudos, aparecerían como pasivos pendientes.
Dice Carlin que los registros muestran que los pagos se operaron conforme a las reglas.
Por otro lado, conceptos como las participaciones federales salen por mandato de la Ley de Coordinación Fiscal. Esta ley obliga a los estados a transferir recursos sin condicionamientos específicos.
Se distribuyen con base en fórmulas bien establecidas.
Empero, otros recursos —especialmente aquellos ligados a obras públicas, programas de inversión o aportaciones federales— están sujetos a comprobación técnica por parte de los ayuntamientos.
Se deben presentar avances físico-financieros, estimaciones y facturación completa.
Si no se presenta tal documentación, dice Carlin, a los alcaldes se les complica cumplir con las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Dicho de otro modo, los alcaldes deben comprobar el avance de obras y las facturaciones.
“Que me muestren las facturas que les debemos”, dice Carlin. Y añade: la pura promesa de una obra, o incluso el compromiso de que se haría, por parte del Ejecutivo estatal, no es suficiente.
¿Y qué cosa sí es suficiente? La factura, el comprobante de ejecución y la validación técnica.
¿Y tú qué opinas? ¿Quién tiene la razón en este sainete? Déjame tu opinión en eloygarza1969@gmail.com