La movilidad no es un lujo ni una simple gestión de tránsito; es la llave que abre el acceso a otros derechos fundamentales como el trabajo, la salud y la educación. En México, este derecho está elevado a rango constitucional, obligando al Estado a garantizar que sea digno, eficiente y, sobre todo, asequible. Sin embargo, en Nuevo León, la reciente iniciativa propuesta por funcionarios de San Pedro Garza García para reformar la ley y permitir el cobro por el transporte municipal amenaza con convertir este derecho en una mercancía con “aduana” propia.
El contraste en el área metropolitana de Monterrey es tan marcado que raya en la ironía política. Mientras municipios como Escobedo, Santa Catarina, Guadalupe, Apodaca, García y Monterrey, ante el déficit de transporte público metropolitano, han implementado sistemas de transporte municipal gratuitos —entendiendo que el traslado es una inversión social para sus habitantes—, San Pedro parece caminar en sentido contrario.
Resulta éticamente cuestionable que el municipio más rico de Latinoamérica, con el presupuesto per cápita más alto de la región, sea el único que se queje de brindar el servicio de forma gratuita. Mientras la periferia, con recursos limitados y extensiones territoriales masivas, subsidia el trayecto de estudiantes, trabajadores y personas de la tercera edad, San Pedro propone cobrarle, precisamente, a la población más desprotegida y a la que carece de opciones de movilidad propias.
El impacto en el bolsillo ciudadano es real. Un trabajador que viaja desde los límites de la metrópoli ya paga el transporte más caro de México y sacrifica hasta cuatro horas de su día en traslados. Imponerle un “peaje municipal” adicional al llegar a San Pedro no es innovación administrativa; es una barrera económica que castiga a quienes sostienen la economía del municipio: los empleados de servicios, seguridad y comercio. Es, en los hechos, un impuesto a la necesidad.
Si el Congreso de Nuevo León permite esta reforma, estaría validando la fragmentación de nuestra ciudad. Estaría aceptando que el derecho a la movilidad tiene un costo extra dependiendo del código postal al que te dirijas. No podemos permitir que la autonomía municipal se use como excusa para levantar muros tarifarios que asfixien aún más al trabajador.
San Pedro tiene la capacidad financiera y técnica para ser el líder en movilidad sostenible en México, pero debería serlo bajo una lógica de justicia social, no de recaudación. Si los municipios que “tienen menos” son los que más dan a sus ciudadanos, ¿cuál es la verdadera excusa de San Pedro? La movilidad debe ser el puente que nos una, no el peaje que profundice nuestra desigualdad.