Hace años, en las aulas de la maestría en Derecho Público del Tec de Monterrey, conocí a Marina del Pilar Ávila Olmeda junto con quien hoy gobierna Nuevo León, Samuel García.
Ya entonces se notaba en ella una combinación de voluntarismo y cierta ingenuidad que, lejos de atenuarse con el tiempo y el poder, parece haberla acompañado hasta el presente.
Esa misma mezcla la ha colocado en el centro de un escándalo que trasciende Baja California.
No es necesaria una gran operación de inteligencia para entender que los audios filtrados —el primero publicado a finales de junio y el segundo hace apenas unos días— son de gravedad.
En ellos se escucha a la gobernadora en funciones conversando con personas que se presentaron como intermediarios vinculados al FBI.
En una de las grabaciones, Marina del Pilar expresa su preocupación por una posible extradición y muestra su disposición a cooperar: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que pueda saber; cómo apoyar, cómo cooperar. Puedo decirles lo que he escuchado en las mesas de seguridad…”.
El motivo de esas conversaciones es la situación migratoria de Marina, la cancelación de su visa estadounidense y el riesgo de sanciones por parte de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de aplicar sanciones económicas y financieras contra personas o entidades vinculadas a actividades ilícitas, narcotráfico o corrupción.
Una designación de la OFAC puede congelar activos, bloquear cuentas y dificultar cualquier operación financiera internacional.
Para un gobernador, eso es un problema de primera magnitud.
La versión oficial de Sheinbaum y García Harfuch sostiene que lo de Marina no es asunto relevante, y en Bucareli se dice que se trató de una trampa tendida por su antecesor, Jaime Bonilla, y por César Yáñez.
Es posible que exista un componente de engaño o que los interlocutores no acreditaran debidamente su calidad de representantes oficiales.
Sin embargo, resulta difícil creer que una mandataria estatal, con la visa cancelada y expuesta a cargos penales, acepte reunirse con supuestos enviados de agencias extranjeras sin cierta dosis de cálculo arriesgado.
Ofrecer información de las mesas de seguridad —espacios donde se coordina inteligencia sobre crimen organizado— no es hablar por hablar.
Lo más relevante es que Marina estaba dispuesta a entregar información privilegiada a cambio de resolver su situación personal.
Mientras el debate público se concentra en la autoría de la filtración y en la narrativa de la trampa, el fondo del asunto —una funcionaria pública que proponía compartir información sensible de seguridad nacional— queda en segundo plano.
Tampoco es menor el origen de la filtración. Es poco probable que agencias estadounidenses autorizaran o filtraran directamente este tipo de grabaciones sin un propósito estratégico.
Lo más plausible es que el material haya surgido de fuentes mexicanas. Se trata de una operación de desgaste interno más que de una maniobra de inteligencia extranjera.
Estos audios son un síntoma de los perfiles políticos que llegan al poder con una mezcla de ambición y falta de prudencia institucional, y que luego enfrentan las consecuencias cuando sus problemas personales se cruzan con asuntos de Estado.
La ingenuidad o el voluntarismo no radica en sentarse a hablar con una nación extranjera, sino en asumir que una conversación de ese calibre nunca sería registrada ni utilizada en su contra.
Si hay más material, como todo lo indica, esta historia apenas comienza. Y seguirá poniendo a prueba no solo a Marina del Pilar, sino también la calidad de quienes ejercen el poder en México y la forma en que manejan la información más sensible del Estado.