Hace unos días, Moody’s degradó la calificación crediticia de los principales bancos mexicanos: BBVA, Banorte, Santander y BanBajío. Y, por si fuera poco, también degradó al IPAB, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
La reacción de muchas personas fue inmediata: ¿está en riesgo mi dinero en el banco?
La pregunta, sin embargo, parte de una premisa errónea. Lo que usted tiene en el banco no es dinero en sentido estricto, al menos no hasta que lo utiliza para realizar un pago o lo retira en efectivo.
Lo que aparece en su cuenta bancaria, en la pantalla de su celular o en el cajero automático, es un saldo a su favor frente a la institución financiera. Es decir, una promesa de pago del banco hacia usted.
Cuando recibe un depósito o una transferencia, no conserva físicamente ese dinero. Lo que adquiere es un derecho de cobro contra el banco. Usted se convierte en acreedor y el banco en deudor.
A su vez, el banco utiliza esos recursos para otorgar créditos a largo plazo: al gobierno mediante bonos y CETES, a empresas, a compradores de vivienda, automóviles o usuarios de tarjetas de crédito, mientras mantiene la obligación de devolver el dinero a los depositantes en cualquier momento.
A este fenómeno los economistas lo llamamos descalce de plazos, y constituye la fragilidad estructural del sistema bancario. Por eso no existe un banco completamente invulnerable. Y por eso, cuando demasiados depositantes intentan retirar su dinero al mismo tiempo, pueden aparecer las crisis bancarias.
Para reducir ese riesgo existen los seguros de depósito. En Estados Unidos opera la FDIC, que protege hasta $250,000 dólares por depositante. En México existe el IPAB, que cubre hasta 400,000 UDIs por persona y por banco, equivalentes actualmente a alrededor de $3.5 millones de pesos.
Ni un peso más.
Quien posea un patrimonio superior a esa cantidad debería considerar distribuirlo entre distintas instituciones financieras. También conviene ser especialmente cauteloso con las sofipos, cuya cobertura es considerablemente menor —alrededor de $200,000 pesos— y, desde luego, evitar a toda costa entidades o empresas no reguladas que prometen rendimientos extraordinarios.
Aquí surge un segundo punto que pocos están destacando: Moody’s no sólo degradó a varios bancos mexicanos; también degradó al propio IPAB.
Es decir, la institución encargada de respaldar el sistema fue considerada más riesgosa por la misma calificadora.
Y conviene entender algo fundamental: el IPAB no dispone de recursos ilimitados. Si varios bancos quebraran al mismo tiempo, o si enfrentara problemas una institución verdaderamente sistémica, el fondo sería insuficiente para responder por sí solo. En ese escenario, el gobierno tendría que intervenir, probablemente mediante mayor endeudamiento.
Se paga, sí. Pero se paga con más deuda gubernamental, lo que debilitaría aún más unas finanzas públicas que ya son frágiles. Precisamente esa es una de las razones que llevó al reciente deterioro de la evaluación crediticia de México.
¿Qué es exactamente una calificación crediticia?
Piense en ella como el equivalente del buró de crédito, pero aplicado a gobiernos, bancos y grandes empresas. Las agencias calificadoras —principalmente Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s— evalúan la capacidad y disposición de un deudor para cumplir con sus obligaciones y le asignan una nota.
Mientras un país conserve el llamado grado de inversión, sigue siendo considerado un deudor aceptable para los mercados internacionales.
El problema es que las señales se están deteriorando.
Hace apenas unos días, Standard & Poor’s cambió la perspectiva de México de estable a negativa. El 14 de mayo, Fitch advirtió que la situación financiera de Pemex representa un riesgo para la calificación soberana. Y posteriormente Moody’s rebajó la calificación crediticia soberana de México, dejándola apenas un escalón por encima del grado especulativo.
Ahora bien, también conviene recordar algo: las calificadoras no son infalibles.
En 2007 y 2008 otorgaban calificaciones triple A a instrumentos financieros respaldados por hipotecas subprime de pésima calidad. Llegaron tarde antes de la crisis financiera global y han llegado tarde en otras ocasiones.
Por ello, no deben considerarse árbitros perfectos.
Dicho esto, en mi opinión como economista, México ya debería haber perdido el grado de inversión.
Tenemos un deterioro fiscal evidente, un gasto público que continúa creciendo y un déficit fiscal heredado de la administración de López Obrador que no se observaba desde hace más de tres décadas. La presidenta Sheinbaum prometió reducirlo, pero no lo logró durante su primer año y difícilmente lo conseguirá en el segundo si continúan acumulándose compromisos de gasto que generan rentabilidad política inmediata a costa de mayores cargas para el futuro.
¿Qué significa todo esto para el ahorrador?
Significa mayores costos de financiamiento, más presión inflacionaria y una pérdida más acelerada del poder adquisitivo de la moneda.
Y en esa carrera entre precios e ingresos, los asalariados suelen ser quienes más pierden.
¿Qué hacer?
Primero, evitar concentrar más de 400,000 UDIs en una sola institución financiera.
Segundo, reconocer que invertir exclusivamente en México implica asumir riesgos crecientes y que una parte del patrimonio debería estar diversificada internacionalmente.
Y tercero, poseer una parte del patrimonio en oro físico.
Porque cuando usted tiene en sus manos un Centenario, una Libertad de oro o una Libertad de plata, no depende de la solvencia de ningún banco, de ninguna calificadora ni de ningún gobierno.
No existe una promesa de pago.
Existe propiedad directa.
Y como dijo alguna vez J.P. Morgan:
“El oro es dinero. Todo lo demás es crédito.”