En Nuevo León rondan los enemigos de la libertad de expresión. Muchos de ellos o ellas son (o fueron) funcionarios públicos. En vez de debatir con los periodistas, los demandan. Su réplica son los tribunales, no la opinión pública. En los próximos días daré detalles de un juicio contra un periodista que ha causado revuelo, porque en el fondo es un ataque a la libertad de expresión.
Como a los buenos periodistas en este país, a muchos nos han querido o nos han demandado por ejercer la profesión. Yo ostento abiertamente esas amenazas como dicen que el expresidente Dwight D. Eisenhower ostentaba a la menor provocación sus cicatrices de guerra, quitándose la camisa en las cenas de gala.
En vez de rebatirme con argumentos; demandan.
A esos poderosos que nos amenazan por opinar, por publicar ideas, por expresarnos, se les olvida que la libertad de expresión y de publicación (ya la imprenta pasa a mejor vida) están consagrados en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se les olvida que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.
A estos censuradores, represores, silenciadores, se les olvida que hay una cosa llamada Convención Americana de los Derechos Humanos, que en su artículo 13 tutela la libertad de expresión y de prensa.
Se les olvida que la ONU, a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y su Comité de Derechos Humanos, protege la libertad de expresión como derecho fundamental.
Se les olvida que la Unesco protege la libertad de expresión y el acceso a la información como principios fundamentales para el desarrollo de sociedades democráticas.
Se les olvida que la Comisión Europea para la Democracia, a través del Derecho y la Comisión de Venecia, promueve el respeto por los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión.
Se les olvida que Reporteros Sin Fronteras es una organización no gubernamental que defiende la libertad de prensa y la libertad de expresión en todo el mundo, monitoreando y denunciando violaciones en este ámbito.
Y finalmente se les olvida que la libertad de expresión es la base para la democracia. Si no hay libertad de prensa, la democracia no funciona.
Yo siempre tengo muy presente aquella sentencia del caso New York Times versus Sullivan, que fue un hito importante en el ámbito de la libertad de prensa y de expresión. El caso se remonta a 1960, cuando el New York Times publicó un anuncio pagado en el que se denunciaban abusos contra los derechos civiles por parte de funcionarios públicos de Alabama.
L. B. Sullivan, comisionado de seguridad pública de Alabama, demandó al New York Times y a líderes del movimiento por los derechos civiles al considerar que la publicación contenía declaraciones falsas y difamatorias sobre él y su administración.
En la sentencia emitida en 1964, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que para que una figura pública pudiera demandar por difamación debían cumplirse requisitos, como la demostración de que las declaraciones falsas fueron hechas con “malicia real”; es decir, con conocimiento de su falsedad o con una negligencia flagrante al respecto.
Esta sentencia fue significativa porque estableció un estándar más alto para demandar por difamación a una figura pública, lo que se tradujo en una mayor protección a la libertad de expresión y a la labor periodística. Además, allanó el camino para futuras decisiones que ampliaron los límites de la libertad de prensa.
¿Se sienten difamados los poderosos por un periodista como yo? Que explique por qué no es verdad lo que digo y listo. A mí sí me han difamado “por encargo” cierta prensa corrupta y sin escrúpulos, pero jamás voy a demandar a un colega. Eso sí, voy a contestarle, y muy duro, porque estoy en mi derecho y ni a ti ni a mí nos van a silenciar nunca.
Así que sigamos en lo nuestro, trabajando para dar la mejor información y las opiniones bien fundamentadas.