Tamaulipas

Caso de Eduardo Gattás llegará al Tribunal Electoral

Gattás y su secretario impugnaron la sanción del IETAM; el caso pasará al Tribunal Electoral de Tamaulipas para su revisión

  • Por: Alfredo Uvalle
  • 09 Febrero 2026, 05:00

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, y el secretario del Ayuntamiento, Hugo Arael Reséndez Silva, presentaron un medio de impugnación ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) en contra de la resolución que los sanciona por violencia política contra las mujeres en razón de género, caso que ahora será turnado al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas para su análisis y resolución.

La impugnación fue interpuesta el pasado 5 de febrero contra la resolución IETAM-R/CG-03/2026, mediante la cual el organismo electoral confirmó la existencia de dicha infracción en agravio de la síndica Lili García Fuentes, representante de Morena en el Cabildo de Ciudad Victoria.

De acuerdo con el procedimiento legal, el Tribunal Electoral de Tamaulipas será la instancia encargada de revisar el caso, el cual podría incluso escalar a la Sala Regional o a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dependiendo del sentido del fallo.

Cabe recordar que el IETAM determinó imponer a ambos funcionarios una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa $11,314 pesos para cada uno, además de la obligación de emitir una disculpa pública durante una sesión de Cabildo, sin que se estableciera inhabilitación alguna.

El presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, precisó que la resolución no contempla restricciones en cuanto a la elegibilidad de los sancionados, al tratarse únicamente de un procedimiento administrativo sancionador.

Por su parte, el alcalde Eduardo Gattás declaró que la resolución no es definitiva y pidió prudencia ante el desarrollo del proceso legal, al señalar que su equipo jurídico trabaja en una estrategia de defensa y que existen instancias que deberán analizar a fondo el caso.

El origen del procedimiento se encuentra en una denuncia presentada por la síndica Lili García Fuentes, quien acusó a ambos servidores públicos de incurrir en actos de violencia política en razón de género, expediente identificado como PSE 25/2025.

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