Invasión de viviendas deja a propietarios con deudas impagables

La invasión de viviendas continúa siendo un problema social vigente en Altamira, que afecta de manera directa el patrimonio de familias propietarias, quienes además de enfrentar daños en sus inmuebles y la constante amenaza de despojo, deben asumir adeudos acumulados por servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica, consumidos por invasores, los cuales se convierten en cifras impagables al intentar regularizar sus inmuebles.

Uno de estos casos es el de David de Reyes López, propietario de un departamento en el fraccionamiento Tercer Milenio, quien explicó que su vivienda permaneció ocupada de manera irregular durante casi 10 años. 

Al recuperar el inmueble, heredó deudas generadas por terceros, situación que le impidió regularizarse durante años: "Tengo aproximadamente cuatro años viviendo ahí y batallando para limpiar la deuda; era de los invasores y también mía al intentar poner todo en regla".

El impacto económico fue severo, el adeudo por agua potable alcanzó un rezago de 207 meses, con un monto original superior a 110 mil pesos, derivado de consumos que el propietario no realizó. 

Esta situación, común entre propietarios afectados por invasiones, evidencia cómo la ocupación ilegal no solo vulnera la certeza jurídica, sino que traslada costos indebidos a quienes acreditan la propiedad del inmueble.

En un segundo término, y como parte de la atención institucional, la Comapa Altamira otorgó apoyo directo al propietario mediante la aplicación de políticas de prescripción.

Jorge Enrique Dimas Salazar, superintendente comercial de la Comapa explicó que, se limitó el cobro a un máximo de 60 meses, con condonación total del resto del adeudo. Gracias a esta medida, el monto a pagar se redujo alrededor de 10 mil pesos, es decir, menos del 10 por ciento del adeudo original, además de otorgarse facilidades de pago en parcialidades. 

El esquema contempla anticipos flexibles y convenios iniciales de tres meses con pagos accesibles, más el consumo mensual, con la opción de renovar acuerdos conforme a la capacidad económica del usuario.

Precisó que estas políticas se han implementado en diversas colonias del municipio, como Monte Alto y Santa Elena, para atender casos similares de propietarios afectados por invasiones y rezagos heredados.

Reconocen que la invasión de viviendas no es un fenómeno aislado y que sus consecuencias económicas persisten por años, por lo que se requiere atención social e institucional para proteger el patrimonio familiar y evitar que deudas ajenas sigan recayendo en los dueños legales de los inmuebles.