Juez pone ultimátum a exsecretaria de Bienestar Yahleel Abdala

La exsecretaria de Bienestar, Yahleel Abdala Carmona, volvió a ausentarse a la audiencia inicial programada dentro del proceso judicial que enfrenta por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, con un daño patrimonial estimado en 985.2 millones de pesos.

Con esta, suma ya tres inasistencias consecutivas desde que fue formalmente citada el pasado 12 de diciembre, dentro de la carpeta procesal 733/2025.

Durante la diligencia celebrada este jueves, el juez de control Juan Artemio Haro Morales fue contundente: si la exfuncionaria no comparece a la audiencia programada para el próximo domingo, será considerada sustraída de la acción de la justicia.

Además, al no haber acreditado un domicilio en Ciudad Victoria para recibir notificaciones, podría tenerse por evadida, lo que abriría la puerta a medidas cautelares más severas.

Justificantes médicos bajo duda

Desde el inicio del proceso, la defensa ha presentado diversos justificantes médicos para explicar las ausencias, argumentando padecimientos como dolor dental, infecciones de garganta, problemas respiratorios y malestares gastrointestinales.

Sin embargo, dichos documentos no fueron validados por el juzgador tras detectarse inconsistencias en su contenido.

Como parte de la estrategia legal, se presentó una receta médica fechada el 6 de enero, que señalaba atención en el Hospital de Especialidades de Nuevo Laredo por una supuesta infección respiratoria y estomacal.

Al comparecer el médico que emitió la receta, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) detectó contradicciones en fechas y en la modalidad de atención, ya que no quedó claro si esta fue presencial, telefónica o privada.

A ello se sumó el testimonio del director del hospital, quien afirmó que no existen registros de ingreso de la exfuncionaria ni en urgencias ni en hospitalización.

Ante estos elementos, el juez determinó que, aunque el documento es auténtico, no constituye un justificante válido, al existir inconsistencias que impiden acreditar que la imputada estuviera imposibilitada para acudir a la audiencia.

La fiscal Casandra González señaló que la omisión de señalar un domicilio procesal podría derivar en la solicitud de una orden de aprehensión para garantizar la comparecencia de la exsecretaria.