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Piden auditoría por presunto rezago de seis años en caso laboral
Máximo Amaya insistió en que es necesario revisar el funcionamiento de la Junta Especial Número 5 y garantizar que las resoluciones judiciales se ejecuten
Por Víctor Hugo Guerra | 04 Agosto 2026
Presuntas omisiones, rezago e incluso posibles actos de corrupción en la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Arbitraje motivaron la solicitud de una auditoría y la intervención del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para revisar el desempeño de este órgano laboral.
La petición fue realizada por el abogado Máximo Amaya Román, quien aseguró que el caso de su representado, Carlos Armando Ortiz Rangel, evidencia el retraso con el que opera la Junta, al permanecer sin ejecutarse una sentencia laboral definitiva pese a que el juicio inició hace seis años.
De acuerdo con la defensa, el trabajador de 74 años obtuvo un fallo a su favor por despido injustificado en contra de la funeraria Crasco. Sin embargo, aunque la empresa agotó los recursos legales para impugnar la resolución y estos fueron resueltos a favor del afectado, la autoridad laboral aún no ha ejecutado la sentencia.
El abogado señaló que el adeudo ya supera los 805 mil pesos y afirmó que este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo del rezago que, asegura, existe en la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Arbitraje.
“Muchísimos, hay muchísimos casos. Incluso yo quisiera que se hiciera una auditoría porque hay hallazgos de injusticia ahí. Al señor gobernador y a muchas personalidades que tienen que estar involucradas en esto, les pido que pongan un alto a esas injusticias laborales. El señor gobernador protestó cumplir y hacer cumplir la ley, y el presidente de la Junta debió levantar la mano y decir: ‘Juro defender la ley y la aplicación de ella’, y hasta ahorita no veo un resultado como debe de ser. Le hago un llamado al gobernador de Tamaulipas para que nos apoye”, expresó.
Máximo Amaya insistió en que es necesario revisar el funcionamiento de la Junta Especial Número 5 y garantizar que las resoluciones judiciales se ejecuten en tiempo y forma, a fin de evitar que más trabajadores enfrenten años de espera para hacer valer sus derechos laborales.