PT denuncia que PGR los chantajea para renunciar a alianza con AMLO

La Procuraduría General de la República (PGR) daría carpetazo a la investigación por terrorismo que sigue en contra de la directora del sistema Cendis, Guadalupe Rodríguez, a cambio de que el Partido del Trabajo renuncie a la alianza con Morena y Andrés Manuel López Obrador, denunció el líder nacional del PT, Alberto Anaya.

El también senador de la República señaló que el gobierno federal intenta presionarlo a través de la investigación que se sigue en contra de su esposa y directora de los Cendis, Guadalupe Rodríguez, para que dé marcha atrás a la alianza, mensaje que se le ha hecho llegar mediante intermediarios.

En este sentido, Anaya insistió en que la investigación que se sigue a los Cendis tiene un transfondo político y no judicial, como se ha hecho creer a la opinión pública.

“Nos han llegado opiniones en el sentido de que se rompa la coalición con López Obrador y este asunto se le da carpetazo. Indudablemente nos han mandado recados personeros a través de terceras personas, corrillos; ha llegado la información de rebote”, manifestó. 

‘‘¿El gobierno federal?’’, se le cuestionó directamente. “Indudablemente que sí”, respondió.

Sin embargo, el dirigente nacional del PT sostuvo que no cederá a chantajes porque no han cometido ningún delito, y que por ser un tema político se defenderá en ese terreno con medidas como las movilizaciones.

“Buscan tener a la familia como objeto de presión y chantaje, para doblegar decisiones como la que nosotros tomamos de ir en alianza con Andrés Manuel López Obrador, y no vamos a ceder a estas presiones”.

Además, Anaya señaló que el “delito de operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, que se le acusa a su esposa, no es posible encuadrarlo, ya que los recursos que llegan a los Cendis pasan por cuentas del estado, según se muestra en el organigrama sobre la distribución de los recursos, que utilizarán como prueba para defenderse.

“El ejercicio de los recursos está ahí a la vista, y es un ejercicio que está soportado con documentación. Hemos entregado los informes en tiempo y forma y el sobrante está en el banco, como el propio Convenio de Tranferencia de Recursos así lo señala. No tenemos nosotros ningún problema de carácter legal; tenemos un problema político”.

Anaya sostiene que les agregaron el delito de terrorismo para, automáticamente, encarcelarlos y suspender sus derechos humanos, garantías individuales y legítima defensa, ya que así lo marca el Código Penal Federal, en cuyo artículo 139 dice que la pena por este delito será de hasta 40 años de prisión y multa de 1,200 salarios mínimos.

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