Inicio / Coahuila / Buscan frenar venta obligada de uniformes y útiles en Coahuila
Buscan frenar venta obligada de uniformes y útiles en Coahuila
Se plantea que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensifique las verificaciones y facilite la atención de las quejas
Por Judith Castro | 12 Agosto 2026
Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, en Coahuila buscan cerrar la puerta a una práctica que puede elevar todavía más el gasto de las familias: que colegios particulares condicionen la inscripción o el servicio educativo a la compra de uniformes, libros y útiles con proveedores determinados.
El diputado Felipe Eduardo González Miranda planteó reforzar la vigilancia sobre las instituciones privadas para evitar que los padres de familia sean obligados a adquirir los productos escolares en establecimientos señalados por las propias escuelas, sin posibilidad de comparar precios y buscar alternativas.
La preocupación cobra fuerza ante los gastos que representa el inicio del ciclo escolar 2026-2027, ya que, además de inscripciones y colegiaturas, las familias deben cubrir calzado, uniformes, útiles y libros. De acuerdo con el planteamiento, el desembolso puede llegar hasta los 10 mil pesos por estudiante.
La propuesta advierte que imponer proveedores exclusivos puede representar un golpe adicional a la economía familiar cuando los artículos ofrecidos tienen precios superiores a los disponibles en otros comercios.
Ante ello, se plantea que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensifique las verificaciones y facilite la atención de quejas relacionadas con colegios particulares y proveedores, particularmente cuando la compra de determinados productos sea utilizada como condición para recibir el servicio educativo.
También se solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) fortalecer la supervisión de las instituciones privadas y orientar a los planteles sobre las disposiciones que deben cumplir en materia de venta de materiales escolares.
El planteamiento alcanza incluso el terreno de la competencia económica, pues pide a la Comisión Nacional Antimonopolio revisar si la imposición de proveedores exclusivos pudiera constituir una práctica anticompetitiva y, en su caso, aplicar las medidas correspondientes.
Como respaldo a la propuesta, González Miranda recordó que en junio de 2026 la Suprema Corte confirmó las facultades de Profeco para intervenir en reclamaciones relacionadas con la prestación de servicios educativos privados.
Así, el llamado es a que el regreso a clases no se convierta en una obligación de comprar en un solo lugar, especialmente cuando las familias tienen que hacer frente a uno de los periodos de mayor gasto del año.