Encarcelan ejecutiva bancaria por presunto desvío de $12 millones

Una ejecutiva bancaria fue detenida y enviada a prisión preventiva tras ser acusada de desviar aproximadamente 12 millones de pesos de la institución donde trabajaba, mediante operaciones realizadas durante un periodo cercano a dos meses. La Fiscalía General del Estado integró la investigación después de que representantes legales del banco detectaron el faltante y presentaron la denuncia correspondiente.

La mujer tenía apenas tres meses de haber sido promovida a un puesto de mayor responsabilidad dentro de la institución bancaria, condición que le permitió acceder a herramientas digitales utilizadas para realizar transferencias. De acuerdo con la investigación, habría utilizado las facultades obtenidas con el nuevo cargo para efectuar movimientos financieros irregulares hacia cuentas relacionadas con ella.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro-Desierto, informó que la denuncia fue presentada durante el mes pasado por los apoderados jurídicos de la institución bancaria. A partir de ese momento, el Ministerio Público comenzó a integrar la carpeta de investigación con documentos, peritajes, registros financieros y otros elementos aportados por el propio banco.

El funcionario explicó que las primeras diligencias apuntaron hacia una sola persona como presunta responsable de las operaciones que ocasionaron el faltante. Precisó que se trataba de una ejecutiva que todavía no tenía el nivel de gerente, pero que recientemente había sido promovida y recibió acceso a códigos necesarios para realizar determinadas operaciones financieras.

Desvío de 12 millones de pesos fue detectado mediante auditoría

Según la información proporcionada por Lazo Chapa, el desvío de aproximadamente 12 millones de pesos se habría realizado durante unas ocho semanas. La investigada habría aprovechado los códigos y atribuciones que tenía asignados para efectuar transferencias y retirar recursos pertenecientes a la institución, sin que hasta ahora la Fiscalía haya encontrado elementos que relacionen a otras personas con las operaciones.

El faltante fue identificado por los propios mecanismos de control interno del banco, explicó el delegado de la Fiscalía. Después de realizar un arqueo, personal de la institución detectó movimientos que no correspondían con la operación habitual, por lo que se inició una auditoría interna destinada a establecer cómo se generó el quebranto y cuál era la cantidad de recursos involucrada.

Las diligencias realizadas posteriormente permitieron identificar recursos presuntamente relacionados con el desfalco en cuentas bancarias vinculadas con la persona investigada. Ante esta situación, la Fiscalía solicitó a la autoridad judicial el congelamiento de dichas cuentas como medida precautoria, con el propósito de preservar los recursos mientras continúan las investigaciones.

Lazo Chapa indicó que hasta este momento no se ha establecido la participación de otro empleado o persona en las operaciones investigadas. También aclaró que los aproximadamente 12 millones de pesos corresponden a recursos propios de la institución bancaria y no a dinero depositado por clientes, usuarios o cuentahabientes.

Una vez reunidos los elementos considerados suficientes para continuar con el procedimiento penal, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra la señalada. La orden fue cumplimentada y posteriormente la mujer compareció ante un juez durante la audiencia inicial, en la que se resolvió su situación jurídica y fue vinculada a proceso.

El órgano jurisdiccional también determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva. La representación ministerial argumentó que existían condiciones que podían facilitar una eventual evasión de la justicia, planteamiento que fue considerado por el juez al establecer la medida cautelar que permanecerá vigente mientras avanza el proceso.

Fiscalía mantiene abierta investigación por desfalco bancario

El proceso se encuentra ahora en la etapa de investigación complementaria, para la cual se estableció un periodo de dos meses. Durante ese tiempo, el Ministerio Público podrá incorporar nuevos documentos, análisis financieros, peritajes y otros elementos que permitan precisar la forma en que se realizaron las operaciones y determinar con mayor exactitud el monto del daño económico.

La Fiscalía General del Estado también mantiene abierta la posibilidad de ampliar las diligencias si aparecen indicios que relacionen a otras personas con el desfalco. Sin embargo, hasta el momento, Everardo Lazo Chapa señaló que solamente existe una persona vinculada a proceso por este caso y no se ha establecido judicialmente la intervención de otros empleados.

El delegado de la Fiscalía en la Región Centro-Desierto asumió el cargo en febrero de 2026, en sustitución de Miguel Ángel Medina Torres. Su función comprende el seguimiento de las investigaciones ministeriales en los municipios que integran esta región y la atención de las carpetas relacionadas con hechos delictivos registrados en la zona.

El caso bancario tiene como antecedente otros procesos registrados en la Región Centro, donde empleados han sido investigados por presuntamente aprovechar las funciones que desempeñaban para disponer de recursos. En febrero de 2026, una trabajadora administrativa de un grupo gasolinero fue detenida por un presunto desfalco de aproximadamente 12 millones de pesos, descubierto mediante una auditoría interna.

Otro antecedente corresponde a un extrabajador de SIMAS Monclova-Frontera, quien fue declarado culpable en 2023 por robo con quebrantamiento de la confianza. En ese expediente se acreditó que había sustraído más de 175 mil pesos de recursos correspondientes al cajero que estaba bajo su responsabilidad.

En el expediente bancario que actualmente investiga la Fiscalía, las autoridades continuarán con el análisis de las operaciones financieras para establecer el monto definitivo del quebranto y determinar si existen otros movimientos relacionados. Mientras concluye esta etapa, la imputada permanecerá bajo prisión preventiva y sujeta al proceso penal iniciado por los hechos.