PAN solicita a Senado declarar desaparición de poderes en Sinaloa

Legisladores del PAN en la Comisión Permanente pidieron al Senado iniciar el proceso para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa, al señalar una “grave crisis institucional” derivada de señalamientos judiciales en Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) en la Comisión Permanente formalizaron una solicitud para que el Senado de la República analice la posible declaración de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, con el objetivo de que el Ejecutivo federal envíe una terna para sustituir al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Los legisladores panistas afirmaron que su petición no busca sustituir procesos de investigación penal ni anticipar responsabilidades jurídicas, sino —según señalaron— “restituir el orden constitucional” en la entidad.

En el documento presentado, senadores y diputados del PAN sostienen que en Sinaloa no se vive únicamente una crisis de seguridad o un episodio aislado de violencia, sino una situación de “extrema gravedad institucional”, derivada de señalamientos de autoridades judiciales de Estados Unidos contra Rocha Moya y funcionarios de su administración, por presunta participación en delitos vinculados al narcotráfico.

Legisladores afirman que Senado cuenta con atribuciones para desaparecer poderes en Sinaloa

Los legisladores argumentaron que el Senado cuenta con atribuciones constitucionales para determinar la desaparición de poderes en una entidad federativa, cuando así lo ameriten las circunstancias políticas e institucionales.

Señalaron que la finalidad de este procedimiento sería proteger a la población, garantizar la vigencia del pacto federal y evitar que instituciones encargadas de combatir al crimen organizado operen bajo señalamientos de presunta colusión con grupos delictivos.

Asimismo, afirmaron que, conforme a las imputaciones provenientes de autoridades estadounidenses, no se trataría únicamente de un gobierno rebasado por la delincuencia organizada, sino de una posible situación en la que estructuras del poder público habrían sido utilizadas con fines ilícitos.

En ese sentido, advirtieron que, desde una perspectiva constitucional, ello implicaría una alteración en los fines del Estado, al señalar que instituciones destinadas a garantizar la seguridad y el orden jurídico podrían haber sido desviadas para proteger actividades criminales.

La solicitud deberá ser analizada por el Senado en caso de avanzar el procedimiento legislativo correspondiente.