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Presentan Ley General de Derechos Indígenas y Afromexicanos
Se busca reglamentar la reforma constitucional de 2024 y reconocer plenamente a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público
Por Emmanuel Escamilla | 29 Junio 2026
El Gobierno de México presentó la consulta nacional para construir la versión final de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca reglamentar la reforma al artículo segundo de la Constitución y fortalecer el reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que este lunes se firmó la convocatoria que da inicio formal al proceso de consulta, el cual concluirá con la presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre.
"El objetivo del proceso de esta consulta es recibir opiniones, sugerencias y planteamientos sobre la propuesta de iniciativa a la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de los titulares de esta ley", explicó.
Señaló que el proyecto fue elaborado durante varios meses con la participación de distintas dependencias federales y ahora será sometido a consulta con quienes serán directamente beneficiarios de la legislación.
Más de 16,000 comunidades serán consultadas
La consulta estará dirigida a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16,728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Dicho proceso será coordinado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con el acompañamiento de 21 dependencias federales, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como observadora, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales como Naciones Unidas.
Alcalde explicó que el procedimiento se desarrollará en cinco fases.
La primera comenzó este lunes con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
La segunda etapa, denominada informativa, se realizará del 1 de julio al 6 de agosto. Durante ese periodo se distribuirá un cuadernillo elaborado por el INPI para explicar el contenido de la iniciativa en las más de 16,000 comunidades participantes.
Posteriormente, del 7 de agosto al 13 de septiembre, se llevará a cabo la etapa deliberativa, en la que cada comunidad analizará la propuesta conforme a sus propios sistemas normativos internos.
Como parte de esta fase se celebrarán 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca.
Las propuestas recabadas serán revisadas entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre para integrar el proyecto definitivo, que será enviado al Congreso el 12 de octubre, fecha que coincide con el Día de la Nación Pluricultural y el Día de la Resistencia Indígena.
Por su parte, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa deriva de la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024 y tiene como objetivo garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
"Esta ley tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en su carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio para que puedan ejercer su autonomía y participar en la vida pública nacional", señaló.
Detalló que la legislación está integrada por ocho libros y un régimen transitorio.
Entre los principales temas destacan el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas; el ejercicio de la libre determinación y la autonomía; los derechos específicos de las comunidades afromexicanas; acciones para proteger a mujeres, niñas, niños y jóvenes indígenas; atención a personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad; mecanismos para garantizar la consulta libre, previa e informada; coordinación entre los distintos niveles de gobierno; y un apartado sobre responsabilidades, sanciones y un nuevo juicio de amparo indígena y afromexicano para proteger derechos colectivos.
Destacó que dicha figura representa una innovación dentro del sistema jurídico mexicano.
"La idea es que el juicio de amparo garantice los derechos colectivos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades", afirmó.
Sheinbaum destaca trabajo de año y medio
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el proyecto de ley concluyó su etapa de elaboración después de alrededor de un año y medio de trabajo conjunto entre diversas instituciones.
Señaló que el siguiente paso es consultar directamente a los pueblos indígenas y afromexicanos, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución, antes de enviar la iniciativa al Poder Legislativo para su discusión.